La Dirección General del Catastro activa desde hoy y hasta final de año un proceso extraordinario de regularización para localizar inmuebles cuyos propietarios no tributan por ellos o lo hacen de forma incompleta, según publicó ayer el Boletín Oficial del Estado.

En el caso de Tenerife se incluyen los municipios de Icod, Garachico, El Tanque, La Victoria, El Rosario, Tegueste, Guía de Isora, Santiago del Teide y Vilaflor.

Este proceso se denomina "amnistía catastral", por cuanto además de evitar una multa de hasta 6.000 euros permite regularizar la situación fiscal de aquellos inmuebles no inscritos.

Es el caso, por ejemplo, de un cuarto de aperos que acaba convertido en vivienda; la ampliación de una casa; aquella habitación en el piso superior que antes era terraza, etc. y que se podrán regularizar con el simple pago de una tasa de 60 euros.

En este sentido, el concejal de Hacienda de Tegueste, Norberto Padilla, valora el hecho de que se regularice la situación de viviendas y propiedades que no tributan, "por el principio de justicia recaudatoria" que obliga a todos los ciudadanos a contribuir con el "pago de impuestos".

En este sentido, Padilla destaca que tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) representan el mayor ingreso propio con el que cuentan las administraciones municipales, lo que da idea de la importancia que representa esta inspección para el desahogo de las arcas municipales.

En el caso del ayuntamiento de El Rosario, su edil de Hacienda y también alcalde, Macario Benítez, señala que en el presente ejercicio se piensa recaudar alrededor de 2,2 millones de euros "en periodo voluntario".

Según una valoración inicial, Macario Benítez estima que existen en El Rosario unos 1.273 inmuebles pendientes de regularizar su situación catastral.

Por lo que se refiere a La Victoria de Acentejo, el concejal Román Afonso subraya cómo la anterior Corporación aprobó "unos valores catastrales desproporcionados" y que desde la entrada de su grupo a las tareas de gobierno se viene aplicando un "coeficiente de actualización".

A su juicio resulta necesario "un proceso de normalización" que concluya en que cada vecino "pague lo que le corresponde".