El fiscal que instruye la acusación contra el exalcalde de Santa Cruz Miguel Zerolo; el ex teniente de alcalde Guillermo Núñez y el que fuera máximo responsable de la estructura técnico administrativa Joaquín Castro Brunetto confirmó en la tarde de ayer en el Tribunal Supremo su petición de 9 años de inhabilitación para cada uno por un supuesto delito de prevaricación continuada.

Así concluyó ayer la primera sesión de las dos que se dirimen en Madrid sobre el caso García Cabrera, una obra de remodelación para adaptar el antiguo instituto en sede municipal que comenzó con un doble informe -positivo y negativo- por un importe total inicial de 371.628 euros que terminó costando siete millones, casi 20 veces más.

En el Tribunal Supremo se reunió ayer, junto a los tres acusados, al representante de Imes, que declaró que Zerolo visitó el García Cabrera antes de iniciarse la obra, lo que contradice la versión de la fase de instrucción.

Fuentes que asistieron a la vista aseguraron que el representante de Imes admitió que su empresa dejó el edificio "en esqueleto" antes de tener el proyecto de reforma y precisó que la obra fue subcontratada a otras empresas, lo que vulneraría el procedimiento negociado sin publicidad, que obliga a pedir ofertas a tres empresas. Este testimonio lo consideran esclarecedor las fuentes consultadas porque evidencia que las obras se adjudican por vía de urgencia en 2006, después de dos primeros conatos de incendio en 2002 y 2004... La urgencia no sería tanta, consideran.

Guillermo Núñez, representado por el exfiscal general Eligio Hernández, y Joaquín Castro Brunetto se acogieron a su derecho a no responder a la acusación popular representada por José Pérez Ventura, de IUC, a diferencia del exalcalde, que aclaró algunas cuestiones. El que fuera interventor en el momento de la adjudicación de la obra, Santiago Ferrandis, así como la técnico de intervención y la jefa de fiscalización confirmaron las irregularidades. Eso fue en la sesión de la mañana, entre las diez y las 14:30 horas; por la tarde, desde las 16:00, intervino el entonces interventor, hoy secretario municipal, Luis Prieto, que emitió el informe para levantar el reparo.

Hoy, los abogados presentarán sus informes y el caso quedará visto para sentencia, que podría conocerse antes de que termine julio.

En los años 2002 y 2004 se registraron en la sede de General Antequera sendos conatos de incendio. Sin embargo, fue en 2006 cuando se decidió actuar por vía de urgencia.

Zerolo fue alcalde entre 1995 y 2011. Aunque ha acaparado titulares por la compraventa de Las Teresitas, una adjudicación administrativa lo ha llevado hasta el Tribunal Supremo.