El BOP publicó ayer la normativa del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz, que entrará en vigor definitivamente el próximo 18 de julio. Mientras el ayuntamiento, a través de un comunicado, mostraba "satisfacción por el proceso de culminación del desbloqueo del planeamiento urbanístico de la ciudad" la oposición, a través de los concejales Ana Zurita (PP) y Guillermo Guigou (Ciudadanos) valoraba negativamente que "el 80% del documento está en el congelador a la espera de poder resolver los ámbitos suspendidos y la figura del fuera de ordenación". Para el concejal de Urbanismo, "ahora quedan protegidos 59.000 vecinos que antes estaban bajo la amenaza del fuera de ordenación".

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, consideró que "estas actuaciones evidencian de manera progresiva que la tarea desarrollada, a base de trabajo y dedicación, da los resultados perseguidos. Igual que sucede con el dique de San Andrés, el tesón y la perseverancia del grupo de gobierno está sirviendo para desatascar asuntos que sufrían una parálisis durante mucho tiempo".

El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, aseguró que la aprobación del planeamiento "supondrá un revulsivo para la rehabilitación de edificios, al tiempo que ayudará a fomentar el desarrollo de obras nuevas y aportará seguridad jurídica". Martín aclaró que "habrá que esperar al 18 de julio para que la ciudad tenga por fin el plan que se merece". "Este es el último paso para que la capital tinerfeña pueda tener su documento de ordenación y a partir de ahora trabajaremos para solucionar las ámbitos suspendidos, poniendo espacial atención a los 59.000 vecinos que sufren el fuera de ordenación".

La normativa vigente, en concreto el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, establece este plazo. A partir de la entrada en vigor del plan, "quedará ordenado el 86,69% del suelo urbano del municipio y suspendidos determinados ámbitos que sólo suponen un 13,31% de ese suelo".

Guigou se mostró muy crítico: "Catorce años y seis millones de euros después, el 80% del documento está en el congelador. Esos 59.000 vecinos de los que habla Martín, del fuera de ordenación de Zerolo pasan a estar congelados, igual que Costa Cardón o la ZAL. Todo se deriva a planes especiales o, simplemente, se deja en el aire. Para mí es un PGO caducado y un auténtico limbo".

En cuanto a Ana Zurita insiste en que "solo queda un 15% de suelo, unos cuatro de los 27 millones de metros cúbicos donde se pueden dar licencias. Además, es falso que este sea un documento nuevo, transparente y pacificado. En todo caso lo será lo que ya estaba con Miguel Zerolo".