La palabra guerra, quizás, se quede grande, pero, en esta escala, no está muy desencaminada. El puerto de Santa Cruz de Tenerife vive desde hace tiempo un evidente pulso entre las dos empresas que compiten por el mercado de contenedores, aunque se supone que la entrada de OHL en la nueva terminal para esta actividad (TCT) pretendía diversificar la llegada de materias y de países que usan la infraestructura tinerfeña. A principios de julio, TCT presentó a la Autoridad Portuaria un escrito con el que solicita que se anule o se deje sin efecto la segunda prórroga (de 2019 a 2024) que tiene otorgada la compañía Capsa para continuar con su labor en el muelle del Bufadero.

Los responsables de la nueva terminal consideran que la cláusula que regula la posibilidad de esa prórroga de la concesión es "nula de pleno derecho". Por eso, piden a la Autoridad Portuaria que, tras solicitar el pertinente dictamen al Consejo de Estado, dé marcha atrás y les permita ampliar su presencia en el puerto ocupando dicho muelle.

En este escrito, TCT se siente con total legitimidad para reclamar dicha anulación y no esconde su afán competitivo: "Capsa compite en el mismo sector de actividad y en el mismo puerto. La no renovación de la concesión implica que la misma tuviese que revertir a la Autoridad Portuaria. La extinción de la concesión, facultaría a TCT a ampliar su terminal, solicitando la concesión anteriormente ocupada por Capsa".

TCT alude a la jurisprudencia existente, sobre todo con dos sentencias del Tribunal Supremo, del 7 de abril de 2003 y del 8 de junio de 2008, que avalarían el "interés legítimo" de esta compañía al pedir que se revise de oficio la prórroga porque detrás hay o puede haber un beneficio "jurídico, económico o moral".

En el trasfondo de esta lucha se haya la decreciente relevancia del puerto capitalino a la hora de captar mercado de contenedores.

En un día festivo tan especial como el de ayer, celebración de la virgen del Carmen, a EL DÍA le resultó imposible conocer la visión que tiene la Autoridad Portuaria de este órdago lanzado por TCT, si es que quiere darla ahora. No obstante, sí que ha trascendido que ha otorgado un plazo de alegaciones a Capsa que expira el próximo 28 de este mes y que, de momento, no se ha pronunciado en un sentido o el otro.

Manuel Casais, responsable de Capsa en Tenerife, indicó ayer a EL DÍA que presentarán alegaciones y se mostró convencido de que la Autoridad Portuaria mantendrá la segunda prórroga, que fue concedida en 1999. Esta compañía recuerda que lleva unos 50 años en el puerto santacrucero y resalta su labor y bagaje en este tiempo.

Desde el comité de empresa de Capsa se fue ayer también optimista respecto a la decisión de la Autoridad, pero no respecto al futuro de la compañía por la competencia de TCT, que considera "muy agresiva". Jorge Sánchez subraya que, hace solo dos años, antes de la llegada de OHL, Capsa disponía de 85 trabajadores y, ahora, "solo somos 50 y, encima, con peores condiciones. Se ha despedido a gente que llevaba hasta 23 años y nos preocupa que esto sea un pasito más de TCT para captar nuestros clientes".

En la actualidad, y según sus porcentajes, Capsa acapara aún el 75% del mercado de contenedores del puerto, por un 25% de su competidor. Sin embargo, indica que, desde noviembre próximo, se igualarán al 50% "porque uno de los clientes pioneros y que más tiempo lleva con nosotros (DPDR) se va a ir con OHL".

En su opinión, esto obedece a una "política económica muy agresiva de TCT. Su llegada la vimos bien si se iba a diversificar el mercado en el puerto con tráfico nuevo y de trasbordo, pero, al final, lo que están haciendo es quitarnos a los clientes y no cumplir el pliego de condiciones de su concesión".

EL DÍA intentó ayer, varias veces y sin lograrlo, conocer la versión de Ignacio Uriarte, responsable de TCT.

Jorge Sánchez, por su parte, alerta también del declive del puerto capitalino, lo que achaca a la falta de consenso entre empresas estibadoras, de acuerdos comerciales y préstamos de maquinaria.

Por supuesto, también ha afectado la crisis económica y la política mucho más agresiva del puerto de Las Palmas a la hora de aplicar tarifas bajas, pese a que tiene una deuda "muy elevada". Esto contrasta con los positivos datos del puerto santacrucero, si bien no ha logrado competir bien con Las Palmas en este ámbito. A su juicio, existe un claro margen para ser más agresivos con los precios y tratar de revertir un poco la situación actual.