El 5 de febrero de 2008, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona recibió una factura emitida por el abogado Pedro Fernández Arcila por un importe de 12.000 euros y con el número 01/Gra/2008, teniendo por concepto "servicio de asesoramiento externo oct-nov-dic 2007, enero 2008". Era el resultado del decreto de la Alcaldía -entonces ocupada por Carmen Nieves Gaspar Rivero (CC)-, de fecha 25 de octubre de 2007, por el que se planteó la contratación de un servicio para la elaboración de informes jurídicos.
El gobierno municipal de Granadilla de Abona lo formaban entonces CC (alcaldesa incluida), PP y el concejal de Sí se Puede (y primer teniente de alcalde), Antonio Cabrera. Pedro Fernández Arcila era y es un dirigente destacado de esta última formación política, por la que tiene acta en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Los trabajos que elaboró el abogado y político para el Consistorio granadillero en poco más de tres meses fueron supervisados y controlados por un asesor del concejal de Sí se Puede en el consistorio sureño y responsable de esa formación política en el municipio, quien, además, firmó la autorización para el abono de los 12.000 euros.
Se da la circunstancia de que el origen documentado de la contratación de los servicios de Fernández Arcila en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona está en un área de CC, cuyo responsable era Juan José González Donate. "Interesada la Concejalía delegada de Obras de este ayuntamiento en llevar a cabo la asistencia técnica para la realización de informes jurídicos para las distintas áreas, por un importe total de 12.000 euros, se solicita de la Intervención General de Fondos de esta entidad se informe si existe consignación presupuestaria para hacer frente a dicho pago". Es el contenido del Decreto de la Alcaldía de 25 de octubre del año 2007.
Las fuentes municipales, técnicos y juristas consultados resaltan que "no hay ilegalidad aparente" en el procedimiento seguido en este asunto.
De hecho, la contratación del abogado se realizó a través de lo que se conoce como un "contrato menor", ejecutado durante el primer año del mandato del tripartito. Es más, Pedro Fernández Arcila no vuelve a estar relacionado con el Ayuntamiento de Granadilla (que se haya podido saber hasta ahora) en los tres años restantes, si bien asumió la defensa de la denuncia que aquél tripartito presentó contra el gobierno del mandato 2003-2007 (PSOE), pero lo hizo en nombre de Sí se Puede y cuando terminó la legislatura.
En su factura, Pedro Fernández Arcila aplicó una retención del 15%, equivalente a 1.800 euros, por lo que el importe líquido que percibió del Ayuntamiento de Granadilla de Abona por algo más de tres meses de asesoramiento jurídico ascendió a 10.200 euros, según consta en los documentos.