La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) condenó ayer al senador de Coalición Canaria (CC) y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa, al considerar como hechos probados que adjudicó de manera irregular unas obras entre 2003 y 2006 en el edificio municipal del antiguo Instituto Hermanos García Cabrera de Ofra.

El alto tribunal entiende que se contrataron las obras de forma "arbitraria" y "claramente" ilegal, con un coste que acabó sobrepasando los siete millones de euros de dinero público afectando así a "los derechos de los administrados y de la colectividad general".

La sentencia del TS también condena a la misma pena al ex teniente de alcalde y exconcejal Guillermo Núñez Pérez, "cooperador necesario", mientras que el tercer acusado, el trabajador municipal (personal laboral) Joaquín Castro Brunetto, ha sido absuelto al no quedar acreditado que actuara con sus gestiones administrativas en el "marco delictivo" trazado por el resto de acusados. El TS considera probado que Zerolo y Núñez adjudicaron las obras de remodelación de la sede municipal a IMES de forma directa y sin tramitar previamente expediente de contratación.

El 15 de mayo de 2006 se publicaba en EL DÍA un artículo titulado: "Nuñez adjudicó de forma irregular la rehabilitación del García Cabrera".

Guillermo Núñez había justificado la urgencia de la obra en la necesidad de que los trabajadores salieran de la sede central de la calle General Antequera después de haberse producido varios incendios y de una denuncia de los delegados de prevención. Dos informes contradictorios con la misa fecha, 30 de diciembre de 2005, fueron el hilo del que se comenzó a tirar hasta llegar al ovillo de las irregularidades ahora juzgadas.

Los sucesivos reparos de la Intervención para pagar las facturas a IMES eran levantados con decretos del alcalde, Miguel Zerolo. Uno tras otro. Desde 2005, fecha en la que se iniciaron los trabajos en Ofra, hasta 2008, cuando concluyeron, el asunto le costó a los santacruceros unos siete millones de euros. Menos mal que eran "obras menores".

Implicado y sin el escudo del aforamiento

Fuentes jurídicas indicaron a este periódico que tras la condena el exalcalde y senador dejará de ser aforado y, por tanto, tendrá que asistir a la causa de Las Teresitas o cualquier otra a un juzgado de instrucción tinerfeño porque hasta ahora ha estado protegido. En 2006, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón vio indicios de que el entonces alcalde pudo cometer un delito de cohecho en varias operaciones inmobiliarias promovidas por empresas filiales de Fórum Filatélico. En este caso, Zerolo declaró como testigo el mes pasado en Santa Cruz.

Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción denunció a Zerolo y a otros diez políticos por supuestos delitos de cohecho, prevaricación y apropiación indebida en la compraventa del frente de la playa de Las Teresitas. Zerolo fue imputado formalmente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, por el llamado Caso de Las Teresitas.

El Supremo anuló en 2007 la compraventa de los terrenos aledaños a Las Teresitas, efectuada por el Ayuntamiento de Santa Cruz en 2001 por 8.750 millones de pesetas, por ser "contraria al ordenamiento jurídico".

La decisión de ayer, ante la que cabe aún un improbable recurso al Tribunal Constitucional, es muy probable que acabe con la carrera política a sus 56 años del que fuera Consejero de Turismo del Gobierno Autónomo, concejal y luego alcalde, parlamentario regional y senador por la Comunidad.

Miguel Zerolo (26 de febrero de 1957, Santa Cruz), fue alcalde de su ciudad en cuatro mandatos, entre 1995 y 2011. El 18 de julio de 2011, el Parlamento de Canarias le nombró senador de la Comunidad.

Según recogía el periódico digital el diariodetenerife.com, Zerolo habría acogido la noticia "con tranquilidad" y declaró que "abandonará el Senado". Zerolo indicó que su conciencia "está tranquila" y que ni él ni sus abogados se explican "una sentencia que admite muchos análisis". El propio Zerolo esperaba conocerla para "interponer recurso al Constitucional, si existiera vulneración de derechos".