"No estamos dispuestos a más mentiras y a un desprestigio gratuito. Si ha habido incumplimiento ha sido de la administración, o sea el Cabildo, por impago, como demuestran dos dictámenes del Consejo Consultivo de Canarias. No es justo hablar de incumplimientos graves de la contrata". Así se manifestaron ayer fuentes de la UTE (Unión Temporal de Empresas) que ejecutaba la mejora en la zona recreativa del parque de Las Mesas, formada por Tinerfeña de Obras Públicas y Construcciones y Restauraciones Miguel Hernández Ventura. Cinco años después del inicio de las obras, el Cabildo decidió el pasado mes de abril resolver el contrato.

Desde la UTE recuerdan: "El 25 de febrero de 2009 se adjudicó la obra con un plazo de ejecución de 26 meses. Por acuerdo del Consejo de Gobierno del Cabildo se ampliaron luego unilateralmente los plazos y reajustes de anualidades, quedando como fecha de finalización el 30 de noviembre de 2013".

"Es la UTE, continúan las fuentes, quien solicita que se inicie el expediente de Resolución del Contrato por incumplimiento de la administración, argumentando, entre otras cosas, deficiencias, falta de autorizaciones, existencia de una línea de media tensión y de una obra no contemplada en el proyecto". "Después de esta petición, y no antes, añaden, la Dirección Facultativa elaboró a principios de 2013 informes para iniciar el expediente de resolución del contrato por incumplimiento grave del contratista".

Debido a la oposición de la contrata, el presidente del Cabildo (Ricardo Melchior) solicitó Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias (17 de junio de 2013) que concluye: "No es ajustado a derecho que la administración abuse de sus facultades exorbitantes e inadmita de plano y sin fundamento la solicitud de resolución de la contrata y, como aparente penalización, inicie de oficio procedimiento resolutorio". "La administración, señala el documento, no aplicó las cláusulas penales para forzar al contratista, supuestamente renuente, al cumplimiento de sus obligaciones".

"Es determinante advertir, añade, que el contratista siempre ha alegado que no ha podido cumplir debidamente a consecuencia de los defectos del proyecto, de tal calibre que considera que no debió ser aprobado ni licitado".

Tras un nuevo Dictamen del Consultivo (solicitado ya por Carlos Alonso) el 27 de noviembre de 2013, "la administración reconoce la causa de resolución por impago", aseguran desde la UTE, pero "la propuesta no puede limitar el alcance del incidente a los daños que ha causado la demora del pago. Si el contratista alega y prueba otros daños en la vía judicial, donde el caso está ahora, los puede hacer valer; como la administración los daños causados por la acción u omisión del contratista".

"A día de hoy, la obra no tiene agua potable, no dispone de sistema de evacuación de aguas negras ni de energía eléctrica", señalan. Además hay una interpretación distinta de la administración competente, el Gobierno de Canarias, y del promotor, el Cabildo "ante la aplicación del IGIC sobre la determinación de obra comunitaria. Reclama la primera a la UTE un impuesto que no ha recibido del promotor", aseguran.

Desde el Cabildo señalan : "Primero fue la rescisión del contrato y luego hemos contratado un mantenimiento mínimo del parque para llevar a cabo una modificación del proyecto. Ya trabajamos para la nueva adjudicación, con mejoras cualitativas en los servicios como la canalización del agua potable, que se adjudicará en breve. Sobre la UTE, nada que decir".