La imagen de embarcaciones abandonadas representa un ejemplo visible de cómo la ola de la crisis continúa golpeando sin descanso la línea de flotación de los puertos deportivos.

Basta observar cualquier marina para descubrir la existencia de naves que se encuentran en pésimo estado, algunas de ellas amarradas a los pantalanes y sobreviviendo a duras penas y, otras, languideciendo en dique seco.

Mientras tanto, los gestores de los puertos deportivos se ven atados de pies y manos, y soportando este pesado lastre, de un lado por la falta de regulación y, de otra, por la ausencia de medios para impulsar los procesos de abandono de embarcaciones deportivas y su posterior desguace.

El gestor de una de las marinas de la Isla confesaba que la situación se ha hecho "insufrible" y asegura que es común a todas las instalaciones que existen a lo largo de las costas españolas.

A propósito, explica que el procedimiento legal que permite actuar sobre estos bienes abandonados "se eterniza" y, mientras tanto, además de que se desaprovecha la gestión del espacio que ocupan, los problemas de esta situación resultan evidentes, tales como el hundimiento de la embarcación o que pueda quedar a la deriva, circunstancias que ponen en riesgo el medio ambiente, de una parte, y la seguridad de la navegación, de otra.

Y cuando pronuncia las cifras de lo que representa para la cuenta de resultados el lastre de los barcos abandonados y la morosidad calcula unos 120.000 euros acumulados en los últimos cinco años. A la deriva.

Una de las soluciones posibles, que ya se está estudiando en Baleares, plantea que tras seis meses de inactividad se pueda aplicar a una embarcación la declaración de abandono, sacar estos barcos del agua y desembocar en un proceso de subasta, de forma que estos espacios puedan ocuparlos clientes que estén al corriente de pago.

La dificultad para localizar a algunos propietarios ha favorecido que las embarcaciones abandonadas o de morosos permanezcan años en el espejo del agua, si bien la aplicación de abandono podría representar un auténtico salvavidas.

Lo cierto es que ya se perciben los destellos de un faro sobre este oscuro horizonte y parece que, en breve, las Cortes Generales estudiarán un proyecto de ley para regular el abandono de bienes muebles y los procedimientos de venta, subasta notarial, electrónica y enajenación de los mismos.

No quedan muy lejano aquellos tiempos en que los puertos deportivos representaron el escenario donde exhibir el nivel de vida alcanzado en Canarias y no sólo la respuesta a una demanda turística.

La proliferación de marinas colocó a Tenerife en los mapas como escala en los circuitos internacionales de navegación, pero el peso de la demanda tuvo su respuesta en la necesidad de amarres para los navegantes locales.

De la afición a la mar y esa imagen idílica velas al viento, hace tiempo que solo se siente la ola de la crisis golpeando la línea de flotación de los puertos deportivos.

Nombre y municipio Amarres

Marina Tenerife (S/C. de Tenerife) 420

Puerto Colón (Adeje) 364

Puerto deportivo de Los Gigantes (Santiago del Teide) 356

Marina San Miguel (San MIguel de Abona) 344

Marina Santa Cruz (S/C. de Tenerife) 240

Puerto de Radazul (El Rosario) 202

Puerto deportivo La Galera (Candelaria) 171

Puerto de Garachico (Garachico) 161

Marina del Sur Las Galletas (Arona) 153

Club Náutico Puertito de Güímar (Güímar) 100

Real Club Náutico de Tenerife (S/C. de Tenerife) 62

Puerto Chico (S/C. de Tenerife) 40

La Ley de Puertos

La actualización a la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante en su última modificación y en el artículo 302 establece que los barcos abandonados en puerto y su zona de servicio pasan a ser propiedad del Estado. Pero el hecho es que los presupuestos Generales no destinan ninguna partida para atender el abandono con lo que la situación languidece y se eterniza.

Buque abandonado

Para el legislador, un buque abandonado es aquel que lleva tres meses en situación de fondeo, atraque o amarre en un mismo lugar sin que se aprecie actividad alguna en su interior y sin que se hayan abonado las correspondientes tasas devengadas por el espacio que ocupa la embarcación.

Una raquítica subasta

Una embarcación abandonada pasa a manos del Estado, que tiene la potestad para subastarla y repercutir los beneficios en el Tesoro Público, una vez se ha cancelado la deuda con la marina. Pero dado el elevado número de embarcaciones en esta situación -sobre las 15.000 según el sector-, cuando salen a subasta el precio depende del estado de la nave y, lógicamente, la mayoría de veces el Estado se ve obligado a poner dinero. Ante tal perspectiva, se prefiere que los barcos abandonados sigan donde mismo están