El juicio civil por el denominado caso Las Teresitas, que debía comenzar el próximo miércoles, 17 de septiembre, ha sido aplazado por decisión de la titular del juzgado de instrucción número 6 de lo civil de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Serrano. La magistrada ha solicitado un nuevo informe a la Junta de Valoración de Canarias, organismo al que recurrió el ayuntamiento, denunciante contra Inversiones Las Teresitas (ILT), para determinar una nueva tasación de los terrenos del frente de la playa. La empresa propiedad de Ignacio González Martín y Antonio Plasencia los vendió en 2001 al Consistorio capitalino por 8.000 millones de pesetas, o sea 52 millones de euros.

La vista había quedado fijada -con sesiones previstas este mes, y ahora pospuestas, el mencionado 17, el 18, el 24 y el 25- el pasado abril en audiencia previa, cuando ayuntamiento e ILT se ratificaron en sus posiciones tras la declaración de nulidad del contrato de compraventa de los terrenos del frente de playa realizada en 2006 por el Tribunal Supremo.

La jueza entiende ahora que la tasación es una prueba fundamental y no reanudará el juicio hasta determinar el valor real de los terrenos. El ayuntamiento ya aportó en su denuncia las tres valoraciones incluidas en la causa penal, siempre con cifras inferiores a la que en su momento determinó la funcionaria y arquitecta municipal Pía Oramas de 3.200 millones de pesetas, 20 millones de euros, muy alejada de los 8.000 de la operación. En declaraciones en el TSJC en enero de 2008, recogidas por EL DÍA, ante la jueza Carla Bellini y la Fiscal Anticorrupción, María Farnés, que investigaban el caso Las Teresitas, Oramas afirmó que nunca antes había visto otra ocasión en la que el ayuntamiento, pudiendo pagar menos por unos terrenos hubiera aceptado una valoración, en este caso privada, que lo obligaba a pagar mucho más. Oramas comparecerá como testigo en esta causa civil a petición de los servicios jurídicos del ayuntamiento.

La nulidad del contrato de compraventa significaría que el Ayuntamiento de Santa Cruz devolvería los terrenos e Inversiones Las Teresitas restituiría el dinero cobrado más los intereses, un total de 74 millones de euros.

Además, el ayuntamiento podría demostrar en base a unos documentos encontrados de manera sorpresiva en la Gerencia de Urbanismo que los terrenos que compró en 2001 eran en realidad de propiedad municipal desde 1967, por lo que podría recuperarlos en otro proceso judicial posterior.