El Instituto Tecnológico y de Energía Renovable (ITER) abonará "en unos días" el millón y medio de euros que adeuda al Ayuntamiento de Granadilla de Abona en concepto de impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que la sociedad pública no abonó al consistorio por actuaciones realizadas en sus instalaciones.

A ese millón y medio de euros, la única empresa del Cabildo de Tenerife que genera beneficios tendrá que sumar los intereses de demora correspondientes, por lo que la Concejalía de Hacienda de la Corporación municipal granadillera entiende que recibirá en torno a dos millones de euros a través de este pago.

A esta situación se llega después de que el ITER o su titular, el Cabildo, no admitiera pagar las licencias de obras municipales correspondientes a la realización del parque de energía renovable solar, que tuvo un presupuesto final de 5.617.450,98 euros, tal y como el propio Instituto documentó ante el juez. Así lo entendió el Juzgado número 4 de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz, que el 23 de abril de 2013 condenó al ITER a pagar.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en Santa Cruz de Tenerife coincidió al desestimar dos recursos presentados por el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER).

En la sentencia que emitió el pasado 12 de junio aclara que el ITER pretendía pagar solo la cantidad que se correspondería con la obra civil, o sea, la parte de la obra precisa para llevar a cabo la instalación de los paneles solares. Sin embargo, la Sala entendió que también debe tributar "el conjunto de todos los elementos que se incorporan a la instalación y que son esenciales para convertir la energía solar en energía eléctrica, aunque sean fabricados por terceras personas".

La propia sentencia, en su página 4, aclara que en ese capítulo se encuentran "las placas solares o los aerogeneradores que, por separado, no tienen significación propia, así como la maquinaria integrada en la instalación".

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona pidió la ejecución de la sentencia y, según las fuentes consultadas, el ITER pagará la cantidad a la que ha sido condenado "sin poner apenas reparos". La Corporación municipal comenzó a reclamar al Instituto Tecnológico el pago del ICIO desde el año 2012, al no prosperar las negociaciones iniciales.