El Plan Hidrológico de Tenerife (PHT) desembocaba ayer en la sesión plenaria del Cabildo para su aprobación provisional y lo hacía ya embalsado, con el apoyo unánime y las bendiciones de todos los grupos políticos, más el compromiso de los agentes privados.
Lo cierto es que hasta el último minuto, tras arduas reuniones, no se había cerrado el consenso con la Cámara de Aguas, entidad que aglutina al sector privado y un renglón estratégico.
El carácter negociador y la firmeza del presidente Carlos Alonso, junto al consejero de Aguas, Jesús Morales, logró implicar a los conocidos como "aguatenientes", quienes con el sector primario condicionaron inicialmente su apoyo al documento que ahora incorpora las enmiendas planteadas por estos colectivos. "Mejor con ellos que sin ellos", sentenció Morales.
La confirmación de este Plan, paso previo a su aprobación definitiva por parte del Gobierno de Canarias, lo convierte en un texto "pionero en toda España por su naturaleza territorial", afirmó el consejero de Aguas, y en el único del Archipiélago.
Los objetivos básicos que persigue el documento se orientan a la sostenibilidad y a dotar de un carácter ambiental los procesos de obtención del agua, para así mejorar la calidad y ofrecer un óptimo servicio al ciudadano, garantizando "la transparencia en el mercado", explicó Morales, tal y como exige la directiva europea.
A partir de la definición de un marco regulatorio, las reglas del juego quedan precisadas para todos los actores.
Entre las novedades del documento destaca la elaboración de un censo que aglutinará a los operadores del sector privado autorizados a intervenir en el mercado del agua, lo que favorecerá la "libre competencia", señala el consejero, y en consecuencia supondrá la reducción de los "monopolios". Además, se promoverán acciones para la modernización de contadores y los sistemas de conducción.
Si bien el horizonte a corto y medio plazo descansa en continuar con las extracciones del acuífero (galerías y pozos) -garantizando la estabilidad del recurso-, el Plan contempla la ejecución de infraestructuras destinadas a la desalación y la regeneración de aguas con fines agrícolas, de tal manera que se pueda abaratar la oferta para riego.
Precisamente, el hecho de que llegue más cantidad de agua al mercado va a significar, aplicando la ley de la oferta y la demanda, una reducción sensible de los precios frente a las actuales tarifas, en algunos casos desmedidas.
Hasta el año 2027 figura un cronograma de actuaciones por valor de 572 millones de euros, parte de las cuales (algo más de un 20%) ya se han ejecutado o se encuentran en proceso de ejecución. El consejero, no obstante, subrayó la necesidad de acometer la ampliación de la depuradora de Santa Cruz, una obra que considera "fundamental", y se lamentó de la escasa inversión estatal.
AENA vs. Estatuto
La inminente privatización de AENA volvió a planear sobre el Pleno "a bordo" de una moción del grupo de Gobierno, defendida por el coordinador insular de Turismo, Miguel Becerra, que se aprobó por mayoría. La propuesta insta a Fomento a paralizar la entrada de capital privado en el ente aeroportuario y, caso de que el proceso de enajenación siga adelante, se insta al Gobierno de Canarias a que aplique el punto 13 del artículo 33 del Estatuto de Autonomía, por el cual la Comunidad Autónoma asumiría la competencia de puertos y aeropuertos de interés general, bajo el argumento de que el Estado no se reserva su gestión directa.
Entrada a capital privado
El PP formuló su oposición y el consejero Miguel Torres tildó la moción de "interesada, partidista e incoherente". Antes, el responsable de Carreteras, José Luis Delgado (PSOE), tiró de hemeroteca y recordó que en 2008 fue el PP quien en la oposición reclamó que los cabildos tuvieran voz y voto en la gestión aeroportuaria. El popular Torres, en un juego de palabras, subrayó que "AENA no se está privatizando sino dando entrada a capital privado".
Gestión individualizada
Becerra argumentó la singularidad del Archipiélago como fundamento para aplicar en las Islas una "gestión individualizada" que garantice la "función social" que representan los aeropuertos, además de reclamar una reducción de las tasas. Asimismo señaló que en 2013 los aeropuertos canarios arrojaron unas ganancias de 200 millones de euros. Un "bocado" apetecible para los inversores.