El Cabildo ampara a los jueces de paz frente a la reforma judicial del PP

Hace unas semanas, el presidente de la Corporación insular, Carlos Alonso, recibía la visita de la directiva de la Asociación de Jueces de Paz de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ajupaste). El propósito que los impulsó no era otro que trasladarle al titular del Cabildo la incertidumbre y preocupación ante la intención planteada por el Ministerio de Justicia de reformar el actual modelo de planta judicial, lo que conllevaría la supresión de diferentes partidos judiciales, audiencias provinciales y, además, la eliminación de los juzgados de paz.

El vicepresidente de Ajupaste, Pablo Hernández, explica que, de aplicarse esta medida, el efecto inmediato supondría "un alejamiento de la justicia para el común de la población, por cuanto a la hora de resolver cualquier trámite judicial los ciudadanos deberán desplazarse de manera obligatoria a las capitales de provincia, lo que sin lugar a dudas representa un perjuicio para un buen número de personas".

A juicio del colectivo, el Cabildo ha de velar y promover la equidad en la asignación y distribución de recursos públicos para toda la ciudadanía, "y no debe permanecer impasible ante los planes de desmantelamiento de servicios públicos cuya eficiencia está más que contrastada y que, a la postre, van a dificultar o a impedir el acceso a los servicios de la justicia en condiciones gratuitas y equitativas".

Lo cierto es que la Corporación recogió el testigo y en la sesión plenaria celebrada el pasado viernes -presente el vicepresidente de Ajuspe- aprobó por unanimidad una moción que retoma un compromiso adoptado por el Pleno el pasado 28 de junio de 2013.

De tal forma, el texto de la moción insta al Gobierno de España a que en el anteproyecto de Ley de Demarcación y Planta Judicial se mantengan los juzgados de paz. Asimismo, también se insta al Gobierno de Canarias para que lleve a cabo las acciones oportunas dirigidas al mantenimientos de estos órganos y al Parlamento canario, los cabildos y ayuntamientos de las Islas para que adopten acuerdos en defensa de la permanencia de estos juzgados.

Desde sus orígenes, se concibieron como un servicio para acercar la administración de justicia al ciudadano, ya que, efectivamente, existen y se han mantenido pese a las sucesivas modificaciones de la planta judicial. "Precisamente porque facilitan diversos y onerosos trámites, como los relacionados con el Registro Civil; el auxilio judicial; la resolución de pequeños conflictos en las vecindades de poblaciones alejadas o menos pobladas que no constituyen cabeza de partido judicial", enumera Pablo González.

Desde 1870 desarrollan estas competencias gratuitamente y, además, con unos altos niveles de eficiencia y humanización, desempeñando una labor asistencial y social sostenida en el conocimiento personal y cercano de las realidades.

"Por poner un ejemplo, Tenerife dispone actualmente de 23 juzgados de paz, en núcleos de diversa idiosincrasia, pero la mayoría caracterizados por la lejanía, disgregación y obstáculos de movilidad para acceder a sus correspondientes cabezas de partido judicial, como son los casos de Arico, Fasnia, Arafo, Guía de Isora, Vilaflor, Santiago del Teide, El Tanque, Buenavista, Los Silos, La Guancha, San Juan de la Rambla", subraya el vicepresidente del colectivo.

Precisamente, los vecinos de todas estas poblaciones, algunas de las cuales han experimentado un incremento demográfico relevante durante los últimos años, se benefician de la proximidad y la calidez de estas oficinas, que dispensan el servicio de Registro Civil con un carácter totalmente gratuito.

Y es que desde el colectivo Ajuspe entienden que la reforma de nueva planta que diseña el Partido Popular (PP) se cierne como una amenaza cierta. "No era suficiente con la aprobación de las tasas judiciales. Ahora planean encomendar al cuerpo de Registradores y Notarios no solo la expedición de todo tipo de partidas y certificaciones de Registro, sino los expedientes de matrimonio, que se retribuirían mediante arancel.

Este colectivo de "prohombres" u "hombres buenos", designados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) intervienen en la resolución de multitud de conflictos entre sus convecinos, actuando en labores preventivas como mediadores, conciliadores o árbitros, atajando en muchas ocasiones la judicialización de multitud de asuntos.

"Sin duda, de hacerse realidad los planes del Ministerio de Justicia, este anteproyecto de reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial perjudicará seriamente a la ciudadanía de Tenerife", sentenció Pablo González.