Mientras ayer en la Cámara regional, el caso del vino era protagonista de un capítulo de la sesión plenaria, en el exterior dos denominaciones de origen manifestaban su oposición a la gestión del Cabildo en el sector vitivinícola y amenazaban con llegar a instancias europeas y denunciar la competencia desleal.

"Los técnicos del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) comprobaron que Bodegas Insulares Tenerife S.A. en sus instalaciones de Guía de Isora, además de embotellar y/o envasar el vino de mesa procedente de las mezclas, también embotella y/o envasa vino corriente procedente de la Península sin realizar mezcla alguna".

En estos términos se pronunció ayer en sede parlamentaria el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, en respuesta a tres preguntas formuladas por Cristina Tavío, diputada del Grupo Popular; Flora Marrero, del Grupo Nacionalista Canario, y Román Rodríguez, del Grupo Mixto, a propósito de la polémica suscitada por la importación de vino de La Mancha por parte de Bodegas Insulares Tenerife, sociedad participada mayoritariamente por el Cabildo insular.

Asimismo, Hernández Gómez explicó que "en el registro de vinos tranquilos de la instalación de Guía de Isora se comprobaron las mezclas de vino sin Denominación de Origen protegida (DOP) tinto y blanco, procedente de Bodegas Insulares Tenerife S.A., con vino sin DOP tinto procedente de la Península". Hasta el momento se había hablado únicamente de mezclas con vino blanco almacenado en la bodega de Chío y el blanco procedente de La Mancha.

Entre los datos aportados por el consejero cabe citar, además, la afirmación sobre que los inspectores del ICCA "solicitaron facturas acreditativas de la compra de vino procedente de la Península y se presentan cuatro, expedidas por distintas empresas, por 111.187 litros y un importe de 62.742,80 euros".

Cristina Tavío criticó durante su intervención el hecho de que el consejero no hubiera dicho ni una palabra para tranquilizar a los ciudadanos ante lo que consideró un "bochorno", en referencia a la compra del vino por parte de una empresa pública "manejada", subrayó por Coalición Canaria.

La diputada del PP criticó la compra de 300.000 litros de vino en Ciudad Real, lo que consideró un "fraude" a los consumidores, por cuanto aseguró se había vendido como vino de mesa de la isla.

El diputado del grupo Mixto Román Rodríguez, en representación de Nueva Canarias, también cuestionó al consejero por la importación de vino y, si bien admitió que la práctica se considera legal, señaló que "perjudica a los bodegueros de la isla" y daña a la "promoción de los vinos canarios".

El consejero, por su parte, destacó que se debe colaborar con el Cabildo de Tenerife en la línea de restituir el buen hacer de los bodegueros de la isla, así como intensificar los controles y que las denominaciones de origen de Tenerife no resulten dañadas.

La diputada del grupo Nacionalista, Flora Marrero, también se dirigió al titular del área de Agricultura en relación con la polémica compra de vino, además de por las inspecciones realizadas al respecto, al tiempo que expresó el apoyo a Bodegas Insulares de Tenerife por su "carácter social".

Y aunque se mostró contraria a la importación de vino, reclamó que el caso se aclare cuanto antes para "beneficio del sector".

La DOP Islas Canarias exige adoptar medidas

En el Pleno Extraordinario celebrado ayer, la DOP Islas Canarias manifestó la conveniencia de que el Cabildo abandone el sector vitivinícola, por cuanto el modelo agotado que aún hoy mantiene el Cabildo con Bodegas Insulares S.A., trasladado al campo agrícola y al vitivinícola, resulta insostenible. El Pleno manifestó que el vino producido dentro de la DOP Islas Canarias está sometido a rigurosos controles de calificación y trazabilidad.

Así y tras un amplio debate el Pleno, por unanimidad, acordó:

Exigir ante el Cabildo el cese o dimisión del presidente y del consejero delegado de Bodegas Insulares S.A. En consecuencia, no reconocerlos como interlocutores válidos del sector, habida cuenta de la pérdida de confianza derivada de sus irregulares actuaciones.

Iniciar el proceso de privatización de Bodegas Insulares S.A., con la salida del Cabildo de su accionariado. Hasta tanto, nombrar una representación independiente que asuma las funciones para la transición y depure las irregularidades.

Que se arbitren soluciones de urgencia para los viticultores de la Isla que de forma indirecta se han visto afectados por esta situación.

Que el Cabildo recupere su papel de arbitraje y no fuerce modelos vitivinícolas agotados.

Autorizar a la Junta Directiva para que pida responsabilidades por la afección sobre el valor de marca de los vinos de Canarias, a Bodegas Insulares S.A., y al Cabildo, como responsable civil subsidiario. Autorizar a la junta directiva para que en función de las medidas que adopte el Cabildo, eleve reclamación al Tribunal de Defensa de la Competencia y la administración Europea.

Coordinar con el conjunto del sector una campaña de márquetin dirigida a potenciar la imagen de los verdaderos vinos canarios.