El 12 de julio de 2011, el gobierno insular aseguró que "no se detectó irregularidad alguna" en la tramitación de los procedimientos de emergencia del Plan Especial de Carreteras (formado por 51 obras) ni del proyecto de la fase uno del Anillo Insular de Telecomunicaciones. A esa conclusión llegaron CC y PSOE tras elaborar un expediente de información reservada -cuyo instructor fue José Antonio Duque (secretario de la corporación)-, abierto a raíz de una carta de Vicenta Díaz que contenía "acusaciones muy graves" contra el entonces presidente de la institución, Ricardo Melchior.
Presuntas irregularidades administrativas, decían entonces, sobre las que "finalizada esta investigación, se puede concluir que estas acusaciones carecen de fundamento".
Sin embargo, el mismo grupo de gobierno remitió a la Fiscalía el mes pasado gran parte de la documentación referida a los asuntos investigados hace tres años, después de que el actual consejero insular de Carreteras, el socialista José Luis Delgado, dispuso (en septiembre) del informe que ordenó elaborar (en mayo).
Entre las cuestiones que están sujetas al escrutinio de la Fiscalía cabe mencionar la existencia de varios casos referidos a obras o actuaciones que fueron abonadas dos veces por el Cabildo y que forman parte de un cúmulo de facturas que sumaban unos 17 millones de euros. Esas facturas no habían sido tramitadas ni figuraban en la contabilidad de la corporación y se correspondían con la gestión del área de Carreteras hasta julio de 2011.
La Intervención de la Administración insular emitió un informe que obligó al gobierno del Cabildo a reclamar a las empresas beneficiarias de los dobles pagos citados la devolución de uno de los mismos.
Asimismo, las fuentes consultadas aseguran que entre los expedientes remitidos a la Fiscalía hay pago de gastos que no estaban autorizados debidamente ni contaban con asignación presupuestaria.
Durante el último año, el consejero José Luis Delgado procedió a relevar al jefe del servicio de Carreteras, Miguel Pintor, quien hoy forma parte del equipo asignado al departamento de Coordinación de Turismo y Proyectos Estratégicos. También prescindió de la directora insular de Carreteras, Ofelia Manjón-Cabeza, que actualmente es la directora insular de Proyectos Estratégicos.
Delgado optó ayer por mantener silencio y "dejar que actúe la Justicia". Cabe recordar que en 2012 ya había aludido a los 17 millones en facturas que se encontró.
La versión oficial
Ayer, el grupo de gobierno ofreció la versión oficial de este nuevo asunto polémico: "El Cabildo inició una investigación por propia iniciativa tras la detección de irregularidades en el área de Carreteras de la Corporación insular que, en su caso, podrían derivar en responsabilidades jurídicas. Tras la apertura del correspondiente expediente, y a propuesta del funcionario instructor del mismo, se dio traslado de las diligencias realizadas a la Fiscalía Provincial para que estudie el caso y realice los trámites que estime oportunos. Es objetivo de este Cabildo preservar la intimidad de las personas, tal y como establece la legislación vigente, y facilitar la investigación por parte de los órganos judiciales pertinentes. En ese sentido, la Corporación insular ha colaborado con la Fiscalía Provincial aportando cuanta documentación ha sido requerida".