La Audiencia Provincial ha ratificado la demolición del edificio de aparcamientos de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife --conocido popularmente como el ''mamotreto''--, y su coste deberá ser sufragado por los condenados en la causa judicial, a partes iguales, según recoge una sentencia hecha pública este miércoles.
La sentencia, de la sección segunda de la Audiencia Provincial, confirma la sentencia anterior del Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife, con un total de seis condenados, aunque estima parcialmente los recursos de apelación y rebaja las penas.
Así, el exprimer teniente de alcalde del Ayuntamiento Manuel Parejo ha sido condenado por dos delitos de prevaricación urbanística y otro contra la ordenación del territorio a dos años de prisión y ocho de inhabilitación para empleo o cargo público.
Asimismo, el exconcejal Norberto Plasencia ha sido condenado por los mismos delitos a año y medio de prisión y ocho de inhabilitación; y el también exedil José Domínguez Pastor, a otro año de cárcel y ocho de inhabilitación.
En cuanto a los técnicos, Loreto Ariz ha sido condenada por los mismos delitos a dos años de cárcel, mientras que Epifanio Gómez y Candelaria Benítez tienen penas de año y medio y un año, respectivamente.
Por su parte, el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife respeta la decisión adoptada por la Audiencia Provincial en relación al edificio de aparcamiento situado en la playa de Las Teresitas, que revisa la sentencia del Juzgado de lo Penal número 5, dictada el pasado mes de febrero.
Además de reiterar su "respeto" a las resoluciones judiciales, informa en una nota, desde el gobierno municipal se está a la espera de contar con los correspondientes análisis de carácter técnico y jurídico por parte de los servicios del Consistorio, que ayuden a conocer el alcance de la sentencia en todos sus términos, principalmente en la parte que pueda afectar al Ayuntamiento.
La posición mostrada por el equipo de gobierno (CC-PSOE) en este asunto siempre ha estado basada en un criterio de "prudencia", respetando cualquier determinación que sea "firme y ejecutable", en salvaguarda de los intereses generales de los vecinos de Santa Cruz.