Ya desde el lenguaje se aprecia cierta diferencia entre el alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, el socialista José Ángel Martín. Tienen un pacto de gobierno en el ayuntamiento pero dos visiones distintas tras la reciente sentencia de la Audiencia Provincial que obliga a derribar el edificio de aparcamientos sin acabar en Las Teresitas (Bermúdez) o Mamotreto (Martín).
El alcalde reafirmó ayer su "respeto antes, durante y después a las decisiones de la Justicia". Explicó que "esperamos los informes técnicos y jurídicos. He dado instrucciones para cumplir la sentencia en lo que nos concierne: la demolición parcial de la parte del edificio que no se encuentre dentro del dominio marítimo-terrestre".
"Hay que ver cuánto de lo que quede puede luego legalizarse y también si merece la pena terminarlo con los usos previstos (aparcamientos y locales comerciales) o con otros. Si es posible desde el punto de vista constructivo, si tenemos dinero y si queremos", aseguró para añadir rotundo: "No es prioritario gastar dinero en terminar y poner en uso ese inmueble".
Los servicios municipales prepararán el proyecto "con libertad y su capacidad profesional, como siempre", asegura Bermúdez y si tienen la más mínima duda consultarán al juzgado. Luego, añadió, "les pasaremos el coste de la obra, que no sé calcular ni tampoco los plazos, a las personas sentenciadas como nos obliga la Justicia". Bermúdez espera a esos informes y "si tenemos derecho como perjudicados, solicitaremos la reparación en forma de indemnización".
El alcalde concluyó: "Después de los informes, vendrán las decisiones políticas. A mí me preocupa el encauzamiento de la desembocadura de los barrancos de El Cercado y Las Huertas y la de este último, así como el acceso al campo de fútbol del San Andrés. En la solución a la desembocadura ya trabaja el Consejo Insular de Aguas y espero que en un mes tenga el proyecto. Parte del cauce tendrá que discurrir por donde hoy pasan los vehículos bordeando el edificio. Hay que dar paso a la vía y elevar el puente".
El concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, llevó a pleno en abril de 2009, cuando estaba en la oposición, el único acuerdo municipal sobre el derribo del Mamotreto antes de ir a la vía penal. Ayer valoró: "La sentencia, y es una novedad, deja abierta la posibilidad de pedir daños y perjuicios a los condenados para terceros de buena fe y el único es el ayuntamiento. Tenemos la obligación de intentar recuperar todo o en parte. Entre obra, rescisión con OHL, seguridad y cerramiento, calculo unos diez millones de euros".
Sobre el derribo señaló: "En este momento es complicado pronunciarse sobre si la sentencia nos dice que hay que proceder al derribo total o parcial en una construcción hecha a base de módulos. En mi opinión, sería total pero los técnicos estudiarán y para la ejecución de sentencia van consultar de forma detallada con el juzgado".