El derribo total o parcial del edificio de aparcamientos de la entrada a la playa de Las Teresitas o mamotreto -que de las dos maneras se denomina, según quien lo miente- vuelve a tensar el pacto de gobierno entre PSOE y CC en el Ayuntamiento de Santa Cruz. El último desencuentro lo ha originado la convocatoria esta tarde en la sede de la agrupación local socialista de una cita entre el concejal de Urbanismo y candidato a alcalde, José Ángel Martín, y la Plataforma por el Derribo. Le acompañará la secretaria general de la Ejecutiva Local, Patricia Hernández, en un foro que ha causado malestar en la otra parte, la nacionalista, del equipo de gobierno municipal.

Martín ha asegurado públicamente desde siempre, incluso después de la última sentencia de la Audiencia Provincial del pasado 20 de noviembre, que hay que "demolerlo (el mamotreto) en su totalidad". Por contra, su socio de Gobierno, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ordenó el inicio del procedimiento para el derribo parcial con base en ese fallo judicial al alegar que abre una puerta a la posible legalización de la parte (unos 3.000 metros cuadrados) que no ocupa servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre.

Martín sostiene que la única manera de mantener en pie parte del inacabado edificio es cambiando el planeamiento, pero, según la jurisprudencia del Supremo, "no se puede modificar el planeamiento urbanístico para intentar legalizar una obra que es ilegal".

Además, en el proceso de participación ciudadana abierto para el Plan Especial de Las Teresitas, la mayoría de los vecinos rechazó esa infraestructura y el concejal comparte esa posición, algo que probablemente explicará hoy a los que proponen la demolición

Martín también ha expresado su posición en las redes sociales, Por ejemplo, decía lo siguiente el pasado día 19 de diciembre en su perfil de Facebook: "El PP debería dejar de pedir la legalización del mamotreto. Una obra ilegal no se puede legalizar mediante el planeamiento. Es un delito".

El alcalde Bermúdez, por su parte, mantiene que hay que derribar la parte que dice la sentencia "y se intentará legalizar lo otro si el ordenamiento lo permite".

Para Bermúdez "no se trata de una cuestión política, sino jurídica y técnica. Si existe la opción de legalizar, lo decidirán los servicios jurídicos del ayuntamiento, ni el concejal ni el alcalde. Lo que resulta indiscutible es que la sentencia permite legalizar una parte. Siendo eso así, hay que explorar todas las opciones. Tengo la obligación de intentar legalizar y, luego, terminar y aprovechar ese edificio con uso a definir. Pero no es ninguna prioridad".

Bermúdez reconoce "diferencias" con su socio en este asunto aunque garantiza que el pacto seguirá hasta las elecciones de mayo. Ese horizonte parece propiciar el "desmarque" de los socialistas de Santa Cruz en su hoja de ruta para los próximos meses.

Que se aclaren

Pedro Arcila, concejal de Sí se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz, consideró ayer mismo "inaudito" para un grupo de gobierno que presume de estar cohesionado el hecho de que sus dos máximos representantes mantengan posturas antagónicas en relación con un asunto tan sensible para la ciudadanía como es el conocido como mamotreto. Sí se Puede ha pedido la comparecencia de Martín en la Comisión de Control de este mes para que informe y presente los informes jurídicos que sustenten una u otra postura del grupo de gobierno".