La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Arona, María Elena Hernández, dictó el procedimiento abreviado de la causa abierta contra el alcalde de Santiago del Teide, Juan Damián Gorrín Ramos, por la cesión del uso del Roque de Arguayo para la instalación y explotación de antenas de telecomunicaciones. En el auto, su señoría pide a la Fiscalía y a las partes que formulen "escrito de acusación" contra el regidor "por si los hechos imputados (...) fueren constitutivos de un delito de prevaricación".

El auto, emitido el pasado día 21, especifica que de las actuaciones practicadas, principalmente de la documental, se deduce que Juan Gorrín actuó en este asunto "al margen de cualquier tipo de procedimiento administrativo y obviando, por tanto, de una manera totalmente consciente los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público".

La jueza establece que Juan Gorrín "firmó, el día 16 de mayo de 2011, en claro fraude a los principios de legalidad y publicidad que deben inspirar el ejercicio de la función pública, un convenio con Alfredo Sapacesi, en representación de la empresa Servicios Eléctricos S.L., para la gestión de la estación de Roque de Arguayo".

En virtud del mencionado convenio, el Ayuntamiento de Santiago del Teide cedió el uso de ese espacio con la finalidad de que la empresa citada "gestionara y explotara los servicios de telecomunicaciones del término municipal, obligándose la entidad beneficiaria, en contraprestación, a satisfacer a los servicios municipales, especialmente a la Policía Local, el material destinado al servicio público".

Según la magistrada juez, la ejecución del convenio comenzó ocho meses antes de la formalización del contrato. Es más, asegura que la Policía Local recibió en ese periodo "abundante material de telecomunicación".

"En la fecha en que se firmó el convenio, el alcalde, Juan Damián Gorrín Ramos, era totalmente conocedor de que estaba firmando un convenio donde cedía el uso de la parcela rústica 1.764, polígono 11, en el paraje de Roque de Arguayo, lugar donde están situadas las antenas, sin que tuviera la titularidad de la misma".

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Arona es rotunda al asegurar que, "de una manera totalmente arbitraria, ya que no se aprobó ni tramitó una ordenanza fiscal obligatoria", el alcalde de Santiago del Teide "autorizó a la entidad privada Servicios Eléctricos, S.L., para que pudiera cobrar a los usuarios unas tasas por la utilización de la estación de Roque de Arguayo, mientras que con anterioridad hacían uso de la misma de manera gratuita". Concluyendo: "Todo ello sin aprobar ni tramitar una ordenanza fiscal al respecto".