La juez de Instrucción número uno ha dado vía libre a la apertura del juicio oral por la compra-venta de la Casa Siliuto con un auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado.

En dicho auto se da un plazo de 10 días a las partes y fiscal para que presenten sus escritos de acusación o de sobreseimiento, en el caso de las defensas de los nueve imputados por prevaricación y malversación de caudales públicos.

Este escrito también supone la transformación de imputados a procesados de estas ocho personas: los exconcejales Norberto Plasencia (CC), Manuel Parejo, Basilio Franco (CC), Antonio Rodríguez (CC), David Saenz (PP), María José Gutiérrez (PP), y el concejal electo Dámaso Arteaga (CC). Además, hay un noveno procesado: el funcionario Víctor Reyes, también acusado en el caso de Las Teresitas.

El caso se remonta a 2002, cuando el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife compró la Casa Siliuto a los titulares del inmueble.

Estos aportaron en 1998 "una tasación que fijaba la valoración en 612.277,78 euros, e indicaba que corrían a cardo del adquiriente todos los gastos e impuestos" que se generaran en la transacción.

Sin embargo, los técnicos de Urbanismo Berta Álvarez y Epifanio Gómez realizaron un informe en el que la valoración del inmueble ascendía a 332.496,69 euros (el valor del suelo era de 221.5092,93 y el de la construcción 110.993,69 euros).

"Pese a existir un informe técnico, el Ayuntamiento encargó a Tinsa la elaboración de un nuevo informe de valoración [...] en el que se concluía que el valor del inmueble ascendía a 705.966,11 euros, duplicando así el valor fijado por los técnicos municipales", según consta en el auto.

El 27 de noviembre de 2002, el secretario delegado Víctor Reyes emitió un informe por el "se aprobaba el precio fijado por los propietarios, pese a ser más elevado que el fijado por los técnicos municipales".

El 3 de diciembre de 2002, el Consejo de Administración de Urbanismo aprobó adquirir la Casa Siliuto por 612.277,78 euros, "indicando expresamente" que la valoración de los dueños era "adecuada y suficiente".

Además, la juez advierte de que el pago por parte del consistorio de los gastos y tributos infringía el artículo 106 B de la Ley de Haciendas Locales.

En mayo de 2005, el entonces consejero de la Gerencia de Urbanismo, Norberto Plasencia, dictó una resolución para asumir el pago del impuesto de Incremento de Valor de los Terrenos, aunque después el pago fue anulado por otras instancias municipales.

El perito judicial tasó el valor de la Casa Siliuto en 475.454,9 euros, por lo que la juez considera que los nueve acusados "adoptaron acuerdos con la intención de dar cobertura legal a una compraventa por un precio pactado y que era muy superior" a la valoración de los técnicos municipales.

Similitudes con el caso Las Teresitas

El caso Siliuto tiene varias similitudes con Las Teresitas. Una de ellas, casi anecdótica, es que la empresa privada a la que solicitó la tasación el ayuntamiento, Tinsa, también prestó sus servicios a Urbanismo para la compra-venta del frente de Las Teresitas. Otra es que en ambos casos, Urbanismo hizo oídos sordos a las valoraciones de sus técnicos municipales, que establecían precios muy inferiores a los finalmente abonados. Una tercera es el funcionario Víctor Reyes, que tanto en Siliuto como en Las Teresitas se considera que emitió informes contrarias a normas o a acuerdos plenarios previos en el caso Las Teresitas. El caso Siliuto fue denunciado por Pedro Fernández Arcila, actual concejal electo de Sí se Puede en Santa Cruz.