Ana Mendoza, presidenta de la Asociación Pro Parque Cultural Viera y Clavijo, advierte de que la situación del antiguo colegio de Las Asuncionistas es igual o peor que la del Balneario, donde el pasado sábado se derrumbó un muro hiriendo a tres menores que se encontraban en su interior.
Mendoza recuerda que muy cerca del edificio abandonado, el Ayuntamiento de Santa Cruz montó un parque infantil. "Cualquier niño se puede ir hasta el edificio", reflexiona.
Además de estos niños, están los otros, ya adolescentes, "que se meten dentro". "Eso es un peligro", concluye Mendoza.
Desde la Asociación Pro Parque Cultural Viera y Clavijo recuerdan que los únicos que impiden la entrada de menores al edificio son las personas que viven en el teatro Pérez Minik, "los guardianes del parque" como los llama ella.
Mendoza consideró que en el Viera y Clavijo el Gobierno de Canarias "está haciendo exactamente lo mismo" que en el Balneario, "para luego decir que tenemos 33.000 metros cuadrados aquí, en el centro de Santa Cruz", en alusión a que puede haber un ánimo especulador.
La presidenta de la Asociación Pro Parque Cultural Viera y Clavijo recomendó al grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz "que se dejen de tanta palabra y empiecen a actuar, que yo no veo que actúen".
Sin embargo, el grupo de gobierno, tras diversos intentos y promesas incumplidas del Gobierno de Canarias, sí tomó la decisión de denunciar ante los tribunales al Ejecutivo canario, que se había comprometido a rehabilitar el antiguo edificio de Las Asuncionistas, que es Bien de Interés Cultural (BIC).
Así lo recordó ayer a EL DÍA el concejal de Infraestructuras y portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz, José Alberto Díaz-Estébanez.
El edil también hizo hincapié en que el Viera y Clavijo formaba parte de un convenio de patrimonio cultural mayor firmado con la Viceconsejería de Cultura. "No se llegó a ejecutar, incluso se plantearon remodelaciones sobre el proyecto inicial hasta que llegó un momento donde no se invirtió y ya no cabía hacer el proyecto inicial del Viera y Clavijo", dijo.
Díaz-Estébanez descartó que existiera ninguna intención de tipo especulatorio con el terreno y recordó que el Ayuntamiento de Santa Cruz "ha trabajado en la parte externa, mejorando el vallado, los jardines e incluso ubicando un parque infantil. "Vuelve a ser visitable, pero en la propia infraestructura es el gobierno quien tiene que hacer su parte", explicó.
Sobre si existe un riesgo potencial de que ocurra un accidente similar que en el Balneario, el concejal dijo que él creía que sí, pero subrayó que era su "opinión personal".
Dicha opinión está basada en el hecho no solo de que pueda haber jóvenes que se cuelen sino en el hecho de que hay personas que residen en el teatro Pérez Minik.
No obstante, no quiso profundizar en el tema para no caer en un uso demagógico de la condición de estos sintecho.
"Yo espero que en este nuevo mandato sea uno de los compromisos que sí cumpla el Gobierno de Canarias", con Fernando Clavijo (CC) al frente.
Lo que está claro es que el Ejecutivo de Canarias tiene que hacer algo más que proponer tirar el Pérez Minik, una opción que hasta la fecha ha quedado desactivada.
"No nos guiemos por el valor sentimental"
José Alberto Díaz-Estebánez, concejal también de Infraestructuras, reflexionó sobre "el valor sentimental" del Balneario y consideró que había que realizar primero "una evaluación técnica" antes de pronunciarse sobre si mantener el inmueble o no. "No nos dejemos guiar por los prejuicios del sentimiento", recomendó, para aclarar que hay que ver "lo que cuesta" restaurarlo y "adaptarlo a un nuevo proyecto" que cumpla con la normativa. Asimismo, recordó que el Balneario "está catalogado" y tiene "cierto grado de protección". "Lo ideal para nosotros es que allí se ubicase un centro de uso social: un centro de salud, deportivo, de rehabilitación, de centro de día para la gente mayor...", explicó, para añadir que una infraestructura de ese tipo "sería muy útil para los vecinos del Distrito Anaga". El balneario era propiedad del Estado, que, tras tenerlo cerrado muchos años, se lo dio al Gobierno de Canarias en la forma de "un edificio absolutamente deteriorado".