Casi todos los vecinos de Bajo la Cuesta recibieron ya la nueva notificación de que tienen cinco días para el desalojo voluntario del lugar, documento emitido por el Ayuntamiento de Candelaria ante el riesgo de desprendimiento del talud. Es la tercera ocasión que ocurre esto: la primera fue en 2010 y la segunda tuvo lugar en junio. Los afectados reiteraron ayer que no se marcharán de sus casas. Es más, ese mismo día solicitaron formalmente la suspensión cautelar de la medida.

"Ahora hay que esperar a que se complete el mismo proceso", señaló el portavoz y presidente del colectivo vecinal, Antonio Oliva, en alusión a que el procedimiento establece esos cinco días de desalojo voluntario, superados los cuales el ayuntamiento debe pedir permiso a los afectados para permitir la entrada a sus domicilios y, en caso contrario, acudir a la vía judicial para recabar esa autorización. Este último paso no se podrá realizar hasta septiembre, al menos.

La alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito, explicó que mantiene la medida cautelar del desalojo al no existir un contrainforme que garantice la inexistencia de riesgo de desprendimiento en la zona. Es más, el gobierno municipal dispone de un informe posterior al que dio lugar a la anterior orden de desalojo que advierte, además, de la urgencia de vaciar la zona de la malla emplazada en una parte del talud en la que se acumulan grandes piedras suspendidas sobre una de las viviendas habitadas. Esa actuación se llevará a cabo en breve por el "peligro inminente" que ello supone.

Bajo la Cuesta es un barrio formado por 46 viviendas (53 si se suman las del Paso la Soga, zona anexa a este lugar) construidas partiendo de las cuevas allí existentes. Afectado por la aplicación de la Ley de Costas en lo que se refiere a la recuperación posesoria del espacio marítimo-terrestre, esta población está a la espera de que se resuelva el conflicto judicial emprendido contra el Gobierno central por la pretendida demolición de este lugar, emplazado en las inmediaciones de la central eléctrica de Las Caletillas.

Hasta que haya garantías

María Concepción Brito dejó claro que "hasta tanto no esté garantizada la estabilidad del talud y se nos diga, en algún informe, que no hay peligro, no levantaremos la orden de desalojo". La alcaldesa fue rotunda al señalar que "no puedo omitir mi deber de tomar medidas ante los informes que tenemos y la constatación de que hay riesgo grave de desprendimientos. No lo puedo hacer a nivel normativo, pero, además, moralmente no me perdonaría nunca que ocurra algo por no haber tomado medidas. Nadie garantiza que no caiga una roca dentro de cinco minutos o dentro de tres años".

Gestiones superiores

El gobierno municipal de Candelaria está recabando la documentación oficial sobre la titularidad del suelo del talud para requerirles las actuaciones que procedan para garantizar la estabilidad del mismo. De momento, ha trascendido que los herederos de un particular y la compañía Endesa son los dueños de ese espacio.

Alegaciones

Los servicios jurídicos del consistorio estudian actualmente las alegaciones presentadas por la representación legal de los afectados. Entre ellas figura, según explicó el abogado José Ortega, la inadecuación a la legalidad vigente del decreto que da lugar a las notificaciones que están entregando ahora "porque esa orden de desalojo provisional tiene que realizarse de forma independiente al de la aceptación parcial del recurso que presentamos al desalojo anterior".

Total colaboración

La alcaldesa de Candelaria insiste en que el gobierno municipal colabora en la colaboración interadministrativa con los vecinos así como en la búsqueda de "recursos alojativos alternativos" para aquellos afectados de Bajo la Cuesta ante el eventual desalojo de las viviendas "y mientras duren los trabajos". María Concepción Brito fue tajante al negar la existencia de proyecto alguno en la zona como causa oculta de este procedimiento. "Ni el Plan General ni el PIOT incluyen nada", dijo.