Varias organizaciones políticas, sindicales y sociales presentaron ayer una nueva plataforma contra la privatización de los casinos de Tenerife, que desde esas entidades resaltaron que aportan beneficios y que suponen un freno para la actividad de las mafias del sector del juego que, afirmaron, operan en la Isla.
Esos fueron dos de los argumentos principales planteados en una rueda de prensa conjunta en la que reunieron en la sala Siete Islas de la institución insular a alrededor de unas 40 personas, quienes mantienen que, al ser los casinos público-empresariales, los empleados cuentan con "cierta estabilidad laboral".
"Estamos reducidos a la mínima expresión y, aún así, somos beneficiosos", señaló Daniel Parra, delegado sindical de Unión General de Trabajadores (UGT) en el Casino Playa de Las Américas, quien indicó durante la comparecencia que, entre 2002 y 2009, la obra social vinculada a estas entidades aportó alrededor de unos cinco millones de euros.
Otro de los datos a los que se aferran los empleados es que el año pasado la instalación de Playa de Las Américas generó ingresos por un montante cercano a los seis millones de euros, mientras que este año ya va por cuatro. "Con todos esos ingresos se aporta mucho dinero en impuestos", defendió Parra, para quien la venta de los casinos siempre se ha intentado "de forma rápida y sin transparencia".
Según el representante sindical, el nuevo colectivo que se ha creado va a darle transparencia al proceso de venta, y comentó que Podemos solicitará al Cabildo tinerfeño la modificación de los estatutos de los casinos para que sea posible la presencia de los principales sindicatos en los consejos de administración.
Por su parte, Jacqueline González, también de UGT -en el Casino de Santa Cruz-, dio lectura al manifiesto base de la plataforma, en el que se cita un "importante volumen de ingresos", que los casinos hacen posibles 200 puestos de trabajo y que la operación, aunque de inicio puede producir ingresos para el Cabildo de Tenerife, supondrá a largo plazo "una gran pérdida".
"El primer operador de juego en España es el Estado", aseveró sobre la presencia de una institución pública en una entidad con estos fines Jacqueline González, una de las representantes de una asociación en la que, entre otras organizaciones, se encuentran Podemos, Izquierda Unida (IU), Ciudadanos (C''s), Sí se Puede (SsP), UGT, Comisiones Obreras (CCOO), Intersindical Canaria (IC), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas de Tenerife o Prominsur.
Alonso mantiene su defensa de la venta
El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, se pronunció ayer en sentido contrario a las manifestaciones de la nueva plataforma. Además de señalar que "no tiene sentido" que la Administración esté en el sector del juego, agregó que hay "respaldo" político para continuar con la referida operación. Según dijo el nacionalista, será un proceso transparente y respetando "en la medida de lo posible" los puestos de trabajo, como se hizo, afirmó, en la licitación anterior, que resultó infructuosa.