El Ejecutivo canario acordó el pasado lunes en Consejo de Gobierno posicionarse en contra de la toma en consideración de la proposición de ley (PPL) para la defensa del suelo rústico de La Laguna, que no consiguió salir adelante durante la pasada legislatura y que el portavoz del grupo parlamentario de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, había anunciado el pasado mes de noviembre que volvería a presentar.

Como se recordará, se trata de un texto en el que se pide la derogación del Plan Territorial Especial de Ordenación del Sistema Viario del Área Metropolitana (Pteosvam), así como de dos apartados del Plan Insular de Ordenación de la Isla de Tenerife por los que se prevé la ejecución de la Vía Exterior. A ello se añade también una disposición adicional para que, en el plazo de un año, la consejería competente del Gobierno de Canarias formule un plan territorial colectivo en Tenerife, así como otro de las carreteras.

Todos esos objetivos nacieron en el Ayuntamiento de La Laguna -que aprobó en septiembre de 2014 elevarlos al Cabildo y al Ejecutivo canario- y llegaron de la mano de NC al Parlamento, que, en un intenso debate plenario, aprobó de forma unánime la tramitación de la PPL. Sin embargo, después chocó con el rechazo del Consejo Consultivo de Canarias y se acabó el mandato.

Según confirmaron ayer fuentes oficiales del Gobierno autónomo, son precisamente los planteamientos esgrimidos por este órgano los que ahora hace suyos el Ejecutivo regional. ¿De qué argumentos se trata? Entre otras cosas, el dictamen evacuado por el Consultivo expone que se hace una "inadecuada utilización" de una iniciativa legislativa como la que se pretende (precisa que debe estar sujeta a casos excepcionales) e, incluso, que la propuesta presenta "serias deficiencias" normativas que hacen "cuestionable" su contenido.

Con todo, la institución regional ha reforzado su rechazo a la propuesta, dado que, en febrero, el texto al menos superó el trámite de toma en consideración, el mismo que, salvo mayúscula sorpresa, no lograría salvar en el actual escenario, después de aprobarse la referida postura en Consejo de Gobierno y que, por tanto, llevaría aparejada la oposición de nacionalistas y socialistas en caso de debate en la Cámara.

Sea como fuere, el posicionamiento autonómico, tampoco es que sea nuevo. Se da la circunstancia de que el acuerdo parlamentario para iniciar la tramitación de la PPL se produjo pese a un informe negativo emitido en octubre por el Ejecutivo canario. Y, al mismo tiempo, los nacionalistas le dieron el visto bueno a la tramitación de la iniciativa, pero con una poco convencida intervención de José Miguel Ruano, que hasta llegó a alertar de que el Consultivo podría determinar que el proyecto no fuese viable jurídicamente, como ocurrió.

Hoy, en el Ayuntamiento de La Laguna, NC y Unid@s se puede, con la incorporación de última hora de Ciudadanos, tienen previsto pronunciarse en rueda de prensa sobre lo que entienden un "boicot" del presidente canario, Fernando Clavijo, a la protección del suelo agrícola de La Laguna.