Admitió que no se leía las actas de la Junta de Gobierno Local en las que aparecían advertencias de ilegalidad, reconoció que participó en la concesión de licencias con informes jurídicos negativos porque el secretario titular y habilitado nacional (ya fallecido) "salvaba" los mismos convirtiéndolos en favorables, explicó que no motivaron las concesiones de licencias "por desconocimiento" -aclarando que "si lo hubiera sabido" lo habría hecho y la causa "estaría archivada"- y dijo que su gobierno otorgó licencias (entre 2003 y 2007) en base a un Plan General de Ordenación (PGO) que estaba en elaboración (hoy, anulado por el Tribunal Supremo) y no en virtud del vigente en ese momento (y ahora), que data del año 1987.

El primer acusado en declarar en el caso Edén -o caso Arona- fue el exalcalde José Alberto González Reverón, que se enfrenta a una petición de tres años de cárcel, 35 de inhabilitación para desempeñar cargo y empleo público y una multa de 20.000 euros.

A preguntas de la Fiscalía (se negó a responder a la acusación particular) respecto a que las licencias concedidas por las que se le juzga tenían informe técnico favorable e informe jurídico con advertencia de ilegalidad, el exalcalde explicó que solo los secretarios accidentales planteaban esos reparos y se dedicaban al "copia y pega", no así el secretario "habilitado nacional" (era sustituido por los anteriores cuando estaba de baja por la enfermedad que le causó la muerte).

Al ser interrogado sobre los informes contrarios de la jurista, confirmó que con su cambio de área también varió el sentido de los informes preceptivos. En cualquier caso, defendió que muchas de las decisiones por las que es juzgado fueron adoptadas en virtud del "interés general". "Las licencias no están recurridas, están plenamente vigentes y han desplegado su eficacia", señaló.

La fiscal, Francisca Sánchez, preguntó por muchas de esas licencias presuntamente ilegales escuchando siempre una justificación por respuesta, generalmente referida al hecho de que la realidad física no se correspondía con el planeamiento vigente, que eran derechos de los ciudadanos y que todos los expedientes contenían los informes preceptivos favorables.

Al ser cuestionado por el fraccionamiento de contratos para evitar la convocatoria de concursos en la realización de obras públicas (repavimentación de calles en un mismo núcleo, la compra de cinco vehículos, mejoras de colegios y la ampliación de recintos municipales, entre otras) negó los mismos y justificó que se trataba de actuaciones necesarias, distintas las unas de las otras.

Defendió que lo aprobado "jamás" fue para beneficio personal o de terceros y que está seguro de que no prevaricó.

Nelson Díaz, otra vez

A preguntas de su abogada, Olga López, José Alberto González dijo conocer al juez instructor, Nelson Díaz, de su estancia en el municipio e indicó que el magistrado tuvo problemas con el gobierno local que le precedió "con la publicación de un libro" (Nelson Díaz también es autor de obras de historia y de genealogía). Aclaró que en el interrogatorio que le hizo "no me sentí coaccionado", pero sí molesto "por preguntas personales al atribuirme un parentesco con Manuel Reverón", entonces edil de Policía y dueño de una casa supuestamente ilegal.

El campin Nauta

La abogada defensora trató de desacreditar a Francisco García Santamaría, el concejal que en 2006 presentó a la Fiscalía General del Estado los documentos que han dado pie al caso Arona. Su familia es titular del campin Nauta, recinto turístico que fue objeto de una sanción de "entre 50.000 y 60.000 euros" por infracción urbanística al realizar "una obra ilegal y ocupar suelo rústico". Además, el exalcalde dijo que el exedil del PSOE también dispuso de una licencia "con informe técnico favorable y jurídico con advertencia de ilegalidad".

La fiscal

La fiscal del caso dio muestras ayer de no conocer el caso Arona en profundidad. De hecho, su interrogatorio al exalcalde concluyó con preguntas sobre cuatro piezas separadas, algo que le advirtió el tribunal.