"Es un paso más hacia la vista oral, pero ya hay un enorme retraso. Se preveía el inicio del juicio para este mismo mes de enero, pero la pieza principal ni siquiera ha salido todavía del Juzgado para ser enviada a la Audiencia Provincial, que debe marcar la fecha. Por tanto, mis previsiones son que podría comenzar a final de este año o principios de 2017". Así se expresó ayer José Pérez Ventura, abogado y denunciante desde el colectivo Justicia y Sociedad, del llamado caso Las Teresitas. Lo hizo ante la presencia en el Juzgado Número 1 de Santa Cruz del exalcalde de la capital tinerfeña Miguel Zerolo y otros acusados para aportar una relación de bienes y activos con los que cubrir la fianza de 109 millones de euros por responsabilidades civiles que se les exige.
El plazo para que los acusados en este procedimiento por posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos aportaran las fianzas requeridas por la juez instructora finalizaba ayer, indicaron fuentes judiciales.
La fianza se les exigió a los acusados a través de un auto judicial dictado el pasado 25 de diciembre de 2015 con el que se anunció al mismo tiempo la apertura del juicio de la causa penal.
En caso de que la magistrada María de los Ángeles Zabala, titular del Juzgado nº 1 desde el verano de 2014, considere que las garantías presentadas por los procesados, entre ellos empresarios, políticos y funcionarios, no son suficientes, continuará investigando el patrimonio de cada uno y podría llegar al embargo.
Pérez Ventura añadió: "Hoy han estado casi todos porque yo no he visto a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia. Desconozco el desglose porque han ido pasando uno a uno durante toda la mañana, pero estimo que han aportado tanto efectivo como otros bienes y algunas viviendas como avales ante el secretario judicial, que ha levantado acta".
El letrado explicó que, "en principio, la responsabilidad global asciende a 109 millones de euros y se divide entre todos los acusados, aunque esa responsabilidad es solidaria. A todos se les reclama por todo. Es decir, que si uno paga, luego puede exigir a los otros su parte, pero no es lo usual".
"Estas piezas separadas de responsabilidad civil -explicó Pérez Ventura para concluir- se tratan en paralelo a la pieza principal que luego debe ser enviada a la Audiencia Provincial, instancia que marcará la fecha del juicio".
Una operación urbanística bajo sospecha
El Ayuntamiento de Santa Cruz reclamará en el juicio que Zerolo responda solidariamente con el resto de los imputados por los más de 82 millones en los que cifra el perjuicio sufrido por la ciudad en esa operación urbanística. El caso de Las Teresitas surgió tras la operación que llevó al ayuntamiento a comprar en 2001 once parcelas en el frente de la playa por 52,5 millones de euros a pesar de que la valoración de la entonces arquitecta municipal, Pía Oramas, era de 19,2 millones. Son 13 los imputados, encabezados por el exalcalde Miguel Zerolo y el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, además de los ediles Emilio Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP). Hay que añadir a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González junto con sus hijos, Carlos Plasencia y Pedro González. Y al exgerente José Tomás Martín y al exsecretario de Urbanismo Víctor Reyes, más el exsecretario del Ayuntamiento José Eugenio Zárate, el exinterventor municipal Antonio Messía y el exinterventor de Urbanismo José Luis Roca. También se exige responsabilidad pecuniaria a las promotoras Puntalarga y Victoria, propiedad de Plasencia y González, respectivamente.