La causa que se sigue en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial contra el alcalde de Granadilla de Abona, Jaime González Cejas, y otros 11 concejales que constituyeron su grupo de gobierno entre los años 2003 a 2007, se ha separado en seis piezas dada la complejidad del caso y los numerosos hechos a investigar.
En la primera se analizan las licencias solicitadas por Inversiones Costa Atlántica SL para la construcción de un edificio de 23 viviendas y garaje, otro de 12 viviendas y uno más de 18, todos ellos en San Isidro. En esta entidad participaba el entonces teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Fidel Rodríguez Gaspar, además de existir también relación con la compañía por medio de familiares de forma directa o indirecta. Rodríguez Gaspar se ausentó de las sesiones de la Junta de Gobierno Local en la que se aprobaron las licencias, con lo cual el resto de los miembros, ahora investigados, estaban al tanto de estas vinculaciones.
La concesión de las autorizaciones puede ser constitutiva de delitos de prevaricación y/o tráfico de influencias y ordenación del territorio y urbanismo. Más aún cuando no se tuvo en cuenta los informes negativos que se emitían. En este caso se considera que el exconcejal intentó influir sobre los técnicos para que cambiaran sus dictámenes.
En la otra pieza se investigarán las licencias solicitadas por Vimédano SL para la construcción de un edificio de 53 viviendas, 10 cuartos de lavaderos y sótano, otra para la demolición, vallado y obras de un inmueble, una más para construir un edificio de 118 viviendas y garajes y otra para edificar seis viviendas y un local comercial. Actuaciones todas ellas a ejecutar en diversas calles de El Médano.
El alcalde en aquel momento era propietario de 440 acciones de Médano Beach Sur con un valor de más de 13.000 euros, compradas luego por Vimédano por 220.000 euros. De hecho, las investigaciones detectaron incrementos patrimoniales coétaneos a los hechos investigados y no justificados o de difícil justificación, por parte del alcalde, de Jorge Fidel Rodríguez Gaspar y José Antonio González Cejas.
La tercera pieza separada tiene como objeto el Plan Parcial Médano Park, ya que la Audiencia ve relaciones entre la aprobación del planeamiento y Vimédano SL. El alcalde era accionista de Médano Beach Sur, que fue beneficiaria de este plan, y de su consiguiente aumento del valor patrimonial, ya que los terrenos pasaron de rústicos a urbanizables.
La cuarta pieza analiza la instalación de la infraestructura para la implantación de la TDT en Granadilla. El juez instructor, en su momento, y la Audiencia, después, consideran que el concejal Nicolás Jorge habría cometido otro posible delito de prevaricación -todos ellos penados entre siete y diez años de inhabilitación para empleo o cargo público- por la concesión "arbitraria e injusta" de una licencia de televisión. "En la tramitación de este expediente se prescindió total y absolutamente del procedimiento establecido por parte del concejal responsable", se indicó en el auto emitido a principios del pasado año. En el mismo también se refleja que la concesión de esa licencia de TDT a la empresa Handy Men, con un presupuesto inicial de 89.817 euros, se convirtió al final en una factura de 109.602,15 euros sin que juez ni fiscal ni la Audiencia hayan entendido todavía a qué se debió esa diferencia.
Otra pieza se centra en la licencia para instalar 130 plantas fotovoltaicas en el Polígono Industrial de Granadilla por parte del ITER, donde posteriormente se ubicaron otras 70 placas más. Pese a los informes técnicos que se mostraba en contra de esta ampliación, el exalcalde pidió un crédito para participar en la iniciativa.
La última pieza separada se centra en la adjudicación de contratos y la concesión de subvenciones por parte de la investigada, Ana María Casimiro Pérez, quien ejerció de concejal de Cultura y miembro de la Junta de Gobierno durante los años 2005, 2006 y 2007.
Hace alrededor de un mes y medio la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ratificó la condición de investigado del actual alcalde de Granadilla de Abona y los miembros de su grupo de gobierno durante los años en los que se produjeron los hechos. Los investigados habían presentado un recurso contra el auto emitido en febrero de 2015, que fue rechazado por la Audiencia, que da la razón al Ministerio Fiscal y a la formación política Sí se Puede. La causa abierta contra el alcalde socialista del sur de Tenerife y su grupo fue archivada en un primer momento en 2011, y, tras un recurso ante la Audiencia Provincial, se reactivó en febrero y se vio impulsada a finales de año.