La Sala del Tribunal Europeo de Justicia condenó a España a devolver a la Unión Europea (UE) el importe (más los intereses) del paseo marítimo que sustituyó al poblado marinero de Cho Vito, obra que concluyó en el año 2012, tras 24,5 meses de tiempo de ejecución y 923.913,81 euros de inversión.

La decisión se basa, entre otros factores, en la investigación realizada por la Comisión Europea de Medio Ambiente y la Comisión de Derechos Humanos, la cual concluyó que hubo "falta de rigor y arbitrariedad" en la aplicación de la Ley de Costas en Cho Vito, así como "el uso indebido de los fondos europeos para el desarrollo regional por parte de las autoridades españolas".

Así consta en una comunicación que remitió al Ejecutivo central la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo en el que se le recuerda al Gobierno español que incumple, reiteradamente, "el abono de la indemnización a las partes demandantes, el abono de los cargos de mora diarios impuestos por esa Sala", así como "la condena por incumplimiento de las obligaciones de un estado miembro a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)".

El Parlamento Europeo (PE) inició en 2008 una vulneración de los derechos humanos sobre la aplicación de la Ley de Costas, debido a las denuncias recibidas al respecto. De hecho, en 2013 se publicó un estudio en el que se solicitaba a las autoridades medioambientales españolas que corrigieran la ley, "para evitar posibles sentencias condenatorias". Sin embargo, "las recomendaciones de este estudio fueron ignoradas".

Se da la circunstancia de que entre los demandantes ante el Tribunal Europeo hay algún vecino de Cho Vito, afectado por el desalojo y demolición del primer bloque de viviendas que formaban este poblado de Candelaria.

Además de afectar a la situación de Cho Vito, la medida del Tribual Europeo de Justicia también tiene afectados en el resto del país, ya que los denunciantes proceden de diversos puntos de la Península.

La construcción del paseo marítimo de Cho Vito, para lo que fue necesaria la desaparición de las 30 casas que allí existían, fue anunciada en la edición del Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 14 de mayo de 2005 por la Dirección General de Costas, que informó de esa forma de la puesta a información pública del proyecto.

Aplazamientos

Desde el año pasado, el Gobierno español desobedece a la Unión Europea en el pago de cantidades millonarias tanto por devolución como a los denunciantes afectados. En reiteradas ocasiones, se han producido aplazamientos para concretar y culminar este procedimiento.

Más de un millón

Teniendo en cuenta que el coste de adjudicación de la obra del paseo litoral de Cho Vito fue 923.913,81 euros (la licitación ascendió a 1.149.664,27 euros) y que el Tribunal Europeo de Justicia también incluye intereses y cuantías diarias por demora, la cifra total que deberá devolver el Estado ronda el millón y medio de euros. A eso será preciso sumar las cuantías de las que se beneficiarán los demandantes.

El PP en Cho Vito

El 20 de mayo de 2006 y el 3 de diciembre de 2008 Cho Vito recibió la visita de dirigentes del PP en la Isla. En la primera fecha, los vecinos aún tenían sus 30 casas en pie; en la

segunda, ya quedaban solo nueve. "El PSOE es el único responsable de la incertidumbre en que viven los vecinos", "este asentamiento es parte de la historia del litoral de Tenerife" y "que Costas planifique sus actuaciones, que no las realice con nocturnidad y alevosía", dijeron. El 16 de noviembre de 2012, un gobierno del PP terminó de derribar las últimas nueve viviendas del poblado tras prometer su defensa.

José Fernando Gómez

El 17 de noviembre de 2012, José Fernando Gómez, entonces presidente local y portavoz del PP, pidió la destitución de la delegada del Gobierno en Canarias y del subdelegado en la Isla, ambos de su partido, por "el engaño, el abuso de poder, la violación de los derechos constitucionales y el desamparo" de Cho Vito. Este posicionamiento en favor de sus convecinos no lo perdonó el Partido Popular, que lo expulsó en abril de 2013 porque "actuó consciente de que sus palabras dañaban al PP habiendo sido advertido de que no hiciera las manifestaciones".