"Lo que hizo la Junta de Gobierno Local era favorecer los intereses urbanísticos clarísimos de empresas fuertes", señaló en su informe la fiscal del caso Arona 1, Francisca Sánchez, para quien los siete políticos acusados, entre 2003 y 2007, actuaron "con arbitrariedad" durante lo que fueron "años de locura urbanística, pero en los que las normas no dejaron de funcionar", pero sí de aplicarse por este órgano municipal, a su juicio.

La fiscal atribuyó a los acusados la vulneración sistemática de la legalidad a la hora de conceder licencias, realizar contratos y adjudicar obras, recordándoles que "todos tuvieron responsabilidades de gobierno antes de 2003 (...) No eran meras comparsas, no eran números, como se dice en algunas conversaciones. Tenían voto motivado". Sin embargo, los acuerdos adoptados y enjuiciados "son patente y notoriamente contrarios a toda norma legal de urbanismo".

Francisca Sánchez aseguró que la Junta "vulneró toda advertencia de responsabilidad" contenida en las propuestas de resolución del área jurídica de Urbanismo. Aclaró que Arona tenía desarrollada entonces solo una parte de Las Rosas entre todas las unidades de actuación. Citó ejemplos de esa vulneración, pero destacó el de la reforma del Hotel La Siesta "por grosera" ya que se concedió licencia para obras no autorizadas ni por los técnicos.

En los más de 22.000 folios de que consta el sumario, la fiscal dijo que se constata que la Intervención municipal puso reparos por incumplimientos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y de la Ley de Hacienda Pública al dividir un mismo expediente de obra en diferentes contratos, adjudicándolos a una misma empresa, para evitar exceder el límite económico para se considerada obra mayor. Ejemplos: mejoras en los colegios y en el cementerio. Los beneficiarios fueron cuatro empresas con las que el Ayuntamiento de Arona trabajaba "a dedo", dijo.

Técnicos y concejal entre mucho dinero

Si bien el exarquitecto y el exaparejador municipal, Eliseo de la Rosa y Roberto de Luis, respectivamente, fueron acusados por la fiscal de enriquecerse ilícitamente y de incurrir en practicar la extorsión; aunque al empresario Arsenio Zamora le señaló que en ningún momento ha dicho no entender el contenido de la grabación en la que se expone una presunta extorsión (aunque negó que esa fuera su voz); y aunque apuntó a los arquitectos Zenón Rodríguez, Antonio Luis González y Jorge Menéndez como beneficiarios de trato de favor por parte de la Oficina Técnica, a cambio de dinero, la Fiscalía se centró en Félix Sierra para recordar que asesoró a la empresa de familiares vinculada a la construcción siendo concejal, obteniendo el 2,5% de los trabajos que conseguía y que fue señalado por testigos como supuesto extorsionador. De hecho, para la fiscal, la práctica de pedir dinero para conceder licencias se produjo en varias ocasiones.

El asunto Proguito

El abogado de la acusación particular, José Santiago Martínez, consideró probado que hubo cohecho en la actuación de Félix Sierra, Eliseo de la Rosa, Roberto de Luis y Arsenio Zamora en la tramitación de la licencia de construcción solicitada por sus representados, la familia Ansorena. Obra que no pudieron hacer a pesar de que el letrado entiende que tenía derecho a tal licencia "desde el primer minuto", porque el suelo contaba con la calificación de hotelero-residencial que permitía edificar 206 viviendas. Defendió que la extorsión de la que, aseguró, fueron objeto los Ansorena se fraguó en el momento inicial de los contactos con Sierra, De la Rosa y De Luis.

Piden 6 millones de euros

Además de pedir para cada uno de esos cuatro acusados tres años de prisión, 12 meses de multa, inhabilitación especial para empleo y cargo público y para el ejercicio del voto otros nueve, José Santiago Martínez reclama para los Ansorena 6.089.242,01 euros (4.486.881,77 euros en concepto de lucro cesante y 1.602.360,24 euros invertidos en el desmonte y cerramiento del solar), haciendo a los cuatro acusados responsables civilmente. El letrado expuso que del dinero pedido a sus representados (45 millones, seis millones, un millón y dos y medio -fueron varias veces y todas las cantidades están señaladas en pesetas-), los empresarios pagaron en total 3,5 millones (15.000 euros). Martínez terminó hablando de que este tipo de cosas lleva al descreimiento y a situaciones como la vivida en Los Cristianos.