El concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC) en Santa Cruz, Ramón Trujillo, y portavoces de varias plataformas ciudadanas exigieron ayer un cambio del "desproporcionado" reglamento del albergue de la capital, para hacerlo más "humano" y "garantista".
La solicitud nace tras haber tenido conocimiento de la expulsión, hace una semana, de uno de los usuarios del centro municipal de acogida, al parecer por una falta "leve". Eso implica que puede estar sancionado al menos tres meses. El referido usuario vive ahora, con sus patologías, en las calles del barrio de Buenos Aires sin acceso a ducha ni comida del centro.
Eloy Cuadras, de la Plataforma por la Dignidad, comentó que el reglamento del albergue de Santa Cruz, aprobado sin alegaciones en 2014 por CC y PSOE, con la abstención del PP y Sí se Puede, es mucho más estricto que el de una instalación similar de Sevilla y que gestiona la misma empresa que en la capital, Grupo 5.
"Es indigno y anticonstitucional", remarcó Cuadras, mientras que Trujillo avanzó que planteará las modificaciones oportunas de la citada normativa en un próximo pleno y, además, llevará el asunto a la siguiente comisión de control.
El portavoz de la Plataforma por la Dignidad fue incluso más allá y pidió la "destitución fulminante" del consejero delegado del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), Javier Gutiérrez, al que responsabilizó de la situación. "Nadie lo ha votado, pero es el concejal en la sombra", denunció Cuadras, quien aseguró que los usuarios del centro de día no hablan por "miedo a represalias".
En esta línea, Ángel Brito, vicepresidente de la asociación de vecinos Azorín, de Buenos Aires, y portavoz de la Plataforma 29-E, remarcó que quieren "soluciones dignas" para las personas que usan el albergue y pidió la presencia fija de una ambulancia en este lugar. "El año pasado murieron allí cinco personas. Con la ambulancia tal vez hubieran fallecido menos", subrayó.
Ana Mendoza, presidenta de la Asociación en Defensa del Parque Cultural Viera y Clavijo, por su parte, se quejó de la falta de seguimiento que se hace a las personas que viven en el albergue por parte de las autoridades municipales, y se refirió a casos concretos como el de una mujer embarazada o el de otra que, según dijo, lleva tres meses durmiendo en el suelo "porque no hay ni colchonetas".
Mendoza pidió que se trate "con dignidad" a estas personas, y para ello pidió, entre otras cosas, que se produzca una separación de las personas que usan el albergue, teniendo en cuenta sus características personales.
La presidenta de la Asociación en Defensa del Parque Cultural Viera y Clavijo adelantó también que el próximo 12 de mayo será el acto de conciliación entre la empresa responsable del cáterin del centro municipal de acogida, Serunión, y la trabajadora expulsada, a finales de marzo, por hurtar pan y queso.
Denuncia por el centro de mínima exigencia
El vicepresidente de la asociación de vecinos Azorín, del barrio de Buenos Aires, y portavoz de la Plataforma 29-E, Ángel Brito, dio a conocer ayer durante la rueda de prensa el escrito que ha presentado la empresa propietaria de una oficina en el edificio que albergará el nuevo centro de mínima exigencia (CME) de la capital, en la calle Puerto Rico del mencionado barrio.
Fechado el 8 de abril, el escrito va dirigido a la Gerencia de Urbanismo, y en él se advierte de que "los inmuebles que se hallan en dicho edificio son para uso comercial, no siendo aptos para que viva gente en los mismos, por lo que entendemos que no debe permitirse la apertura de dicho local, pues no es apto para tal finalidad".
Cabe recordar que ya el pasado 22 de marzo, y tras una advertencia del colectivo vecinal, fuentes municipales aseguraron que el mencionado edificio cuenta con la autorización de la Gerencia de Urbanismo, que entiende que la actividad para la que se va a destinar, alojamiento de personas sin hogar, es "compatible". Es más, según un informe al que tuvo acceso este periódico en ese momento, y que tiene fecha 5 de febrero, "la actividad cumple con el uso urbanístico".
"Imprudente"
El edil de Atención Social de Santa Cruz, Óscar García, consideró ayer "imprudente" que se hable de casos particulares y en los términos en los que lo han hecho las plataformas sociales y el edil de IUC, Ramón Trujillo, cuando se trata de "temas complejos" y llevados por "profesionales", con "criterios" profesionales. García recordó que el reglamento del albergue se aprobó en 2014 sin ningún reparo jurídico ni técnico, por lo que denunció que "no se puede hablar de casos particulares", sin estar en la situación de esas personas y de quienes las atienden. "Me parece impresentable que se pretenda usar esto para hace campaña electoral", subrayó. Con todo, y cuestionado sobre una posible modificación de la normativa, García dijo que no existe ninguna propuesta de los servicios técnicos. "Vamos a ver qué propuesta hace el edil de IUC", afirmó. El concejal advirtió de que "han dado con un hueso", pues la capital lidera el tratamiento de los sin hogar. "Además, no han dado soluciones ni ideas positivas", sostuvo. García reconoció que hacen falta más recursos, y de ahí que se pretenda abrir el CME y que se exija más implicación a otras administraciones.