PP y Podemos han alcanzado un compromiso previo para requerir al Cabildo de Tenerife que pida perdón a las víctimas de las tramas de bebés robados y exija al Gobierno canario que impulse una Ley de Segunda Oportunidad dirigida a los afectados que se encuentran en situación de exclusión social, que incluya la residencia en pisos tutelados o la prestación de otros servicios sociales.
Así lo ha explicado el abogado del Colectivo sin Identidad Miguel Ángel Rodríguez Arias a Europa Press, que ha destacado los siete puntos que las formaciones políticas han alcanzado con las víctimas, entre los que defienden el respaldo a la resolución que el Parlamento canario aprobó el pasado 25 de mayo con la unanimidad de todos los grupos reconociendo el ''robo de niños'' como un "crimen contra la humanidad".
Los ''populares'' se han mostrado de acuerdo con los miembros de Podemos del Cabildo de Tenerife para hacer un llamamiento a este organismo con el fin de que pida públicamente perdón por las desapariciones infantiles sucedidas en la Casa Cuna y el Hospital Civil de la isla, centros que estuvieron bajo su jurisdicción en los años en que se produjeron los hechos.
Según el abogado, el objetivo es lograr una resolución que incluya una petición al Gobierno regional para la puesta en marcha de medidas de intervención social para los más perjudicados y que "el relato de estas graves violaciones de derechos humanos y compra-venta de seres humanos en Canarias sea incorporado a los libros educativos de texto como una garantía contra su olvido y su no repetición".
En este sentido, apoyan una campaña de información divulgativa para que la sociedad canaria conozca las sustracciones ocurridas en el archipiélago y reclaman el "pleno acceso" a los archivos para que se puedan investigar sus casos.
Ambos partidos se muestran de acuerdo en que el convenio contemple una oficina de información que servirá de sede permanente a las víctimas de la isla y en que se firme un convenio de investigación "entre el CSI y la Universidad de la Laguna para desarrollar una línea de investigación universitaria" para plasmar estos hechos en sus tesis y publicaciones, según ha explicado el abogado, especializado en Derecho Penal Internacional.