La presidente de la Asociación de Centros Infantiles de Tenerife (Acinte), Marina Amador, expuso días atrás al Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, las dificultades que atraviesa el sector de las popularmente llamadas guarderías, sobre todo debido al intrusismo y la falta de control por parte de las autoridades.

Después de ponerle al día a Saavedra sobre la trayectoria de Acinte, y de exponerle la revindicación, que data de 1988, del reconocimiento de este tramo educativo (0 a 3 años), Amador le expuso la grave situación del sector de centros infantiles.

"En estos momentos de crisis se está produciendo una verdadera avalancha de empresas que se dedican a la guarda y custodia de niños y niñas: ludotecas, mamás canguro, madres de día y un largo etc. de gente no profesional y ajena al sector", dice la responsable de Acinte, que denuncia la "desleal intromisión en el sector por personas que aprovechan el vacío legal para montar una empresa pirata sin que nadie le diga nada". Y sigue: "Nosotros, los centros autorizados, somos los que estamos sometidos al decreto 201/2008 del Gobierno de Canarias, teniendo que cumplir muchísimos requisitos". Y todo ello, apunta, pasado el plazo legal y la prórroga del decreto.

Por tanto, como le expuso la presidenta de Acinte al Diputado del Común, los centros que siguen abiertos como guarderías lo hacen sin permiso de la Consejería de Educación, por lo cual no son centros homologados, están sin control y sin inspecciones de ningún tipo.

"Creemos", sigue diciendo Marina Amador, que ya ha llegado el momento de regular este sector tan sensible mediante un decreto impulsado por la Consejería responsable de menores. Y además saber qué medidas se van a tomar con todos los centros que de manera alegal siguen abiertos".

"La baja natalidad y la crisis económica", sigue diciendo la responsable de la asociación, "ha hecho que el numero de niños baje sensiblemente y que los padres se retraigan de traerlos a los centros infantiles muchas veces por una cuestión económica. Esta es la dinámica que vamos a tener en los próximos cursos". Todo ello, señala, además pone en peligro numerosos puestos de trabajo.

Según Amador, los colegios de las Islas ya se están resintiendo de la falta de alumnos y tratan de romper el ciclo de 0 a 3 años matriculando a niños de 2, algo que, a la vista del decreto, es ilegal.

Finalmente, Acinte le recuerda al Diputado del Común que Canarias es la única comunidad autónoma que no tiene ningún tipo de ayuda para las familias destinadas a alumnos en este tramo de edad, bien sea en concierto o como cheque escolar.