Las defensas de los tres acusados por irregularidades en la construcción del centro comercial El Trompo, en La Orotava, intentaron ayer, sin éxito, suspender la celebración del juicio y anular parte de la instrucción del caso -que ha durado 14 años- con el planteamiento de varias cuestiones previas que fueron rechazadas por el juez del Juzgado de Refuerzo de los Juzgados de lo Penal de Santa Cruz de Tenerife y la Fiscalía.
La primera sesión, que se celebró en una sala de vistas del Palacio de Justicia de La Laguna, se consumió con el debate de las cuestiones previas entre los abogados, la fiscal y el juez, y la presentación de nuevas pruebas documentales por parte de la defensa del secretario del Ayuntamiento de La Orotava, lo que obligó a aplazar la declaración de los tres acusados -el exalcalde Isaac Valencia, el constructor Ambrosio Jiménez y el secretario municipal Juan Carlos de Tomás Martí- al próximo lunes día 20, a partir de las 9:30 horas.
Finalmente no se produjo ningún acuerdo previo para evitar el juicio. Una negociación que, según fuentes cercanas a los acusados, "nunca se planteó", pese a que así lo anunció el 19 de mayo el exportavoz de IpO y denunciante, José Manuel Hernández.
El juicio de El Trompo arrancó sin acuerdo, pero con sorpresa, ya que se informó de la inesperada personación, como acusación particular, de una letrada en representación de la empresa Bingo AC Alemán Casimiro, SA, como "posible perjudicada" por el "posible derribo" de una parte del centro comercial.
La Fiscalía y el abogado de IpO rechazaron la personación, que fue aceptada por el juez. Lo que no logró la letrada de la empresa del bingo fue la suspensión del juicio por considerarse "perjudicada por no haber tenido acceso a la causa". Tampoco logró que el juez aceptara la nulidad de las actuaciones hasta el momento procesal en el que considera que se debió llamar a posibles afectados. Dos peticiones a las que se sumaron los abogados de los acusados, interesados en retrotraer la causa a la fase de instrucción.
La nueva acusación particular dejó claro que no se adhiere al escrito de acusación de la fiscal.
La abogada de Jiménez planteó que se habían vulnerado derechos fundamentales de su representado por dilaciones indebidas en el procedimiento, solicitó la expulsión de la acusación popular (IpO) y alegó la prescripción del delito contra la ordenación del territorio.
El letrado del secretario municipal se sumó a la tesis de que el delito contra la ordenación del territorio ha prescrito y denunció, con vehemencia, que no ha tenido acceso a toda la documentación de la causa por una "mala instrucción" que, a su juicio, es motivo de indefensión y convierten el procedimiento en "nulo de pleno derecho".
El abogado de Valencia, Esteban Sola, se sumó a todas las cuestiones previas planteadas anteriormente, recalcó que la instrucción "ha sido caótica", e insistió en la existencia de motivos para la suspensión del juicio.
La fiscal y el juez respondieron que las dilaciones indebidas se tendrán en cuenta a la hora de dictar sentencia, negaron la vulneración del derecho de defensa y la prescripción de algunos delitos. Ambos coincidieron en que la documentación de la causa ha estado a disposición de las defensas. Para la Fiscalía, "la causa está más que instruida y las partes más que informadas, por lo que la vista oral debe continuar". El juez también determinó que no existe ninguna "causa de nulidad" en el procedimiento y el juicio continuó.
Una de las cuestiones previas que no se rechazó de forma inmediata fue la petición de la defensa de Ambrosio Jiménez de que se le permita no asistir a todas las sesiones del juicio por su estado de salud, "que desaconseja que se someta a situaciones de estrés emocional".
Tras el debate de las cuestiones previas, el abogado de Juan Carlos de Tomás Martí presentó numerosos documentos como nuevos elementos de prueba, lo que motivó que el juez aplazara la declaración de los acusados al lunes 20 para que las partes pudieran revisar la documentación aportada a última hora.
Cuatro sesiones más
El juicio continuará el lunes día 20, a las 9:30 horas, con la declaración de los acusados y, según está previsto, también con la declaración de testigos. El jueves día 23, a la misma hora, se convoca sesión para la primera jornada de declaración de los peritos, y el viernes día 24, con idéntico horario, terminan de declarar los peritos y se exponen informes y conclusiones. La última sesión está programada para el lunes 27. Será la jornada de conclusiones. La Fiscalía solicita para Valencia y Martí las penas de ocho años de inhabilitación, tres años y medio de prisión y multas por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Para Jiménez pide multa y dos años de cárcel. Además, ordena la demolición de la parte del centro comercial El Trompo que incumpla el PGO actual.