La auditoría encargada para calcular el agujero económico causado en Sinpromi durante el pasado mandato por la sustracción de fondos públicos por la que están siendo investigados el exdirector financiero, Andrés Hernández Pedreira, y el exgerente, Víctor García, ha concluido que la cantidad asciende a 795.115 euros.

Así lo ha anunciado en un comunicado Mila Hormiga, consejera de Podemos en el Cabildo de Tenerife, que ha dicho que se trata de unos "números rojos" que habrá que pagar con fondos públicos haciendo recortes en programas y proyectos que desarrolla actualmente Sinpromi.

La representante de Podemos ha explicado que el resultado de esta auditoría y el plan plurianual de reposición de esos fondos fue debatido y aprobado durante el último consejo de administración de Sinpromi "en un punto llevado por urgencia fuera del orden del día, o sea, con absoluto sigilo, lo que dice mucho de la transparencia del Gobierno insular de CC-PSOE".

En relación al dinero malversado, indica que en ese consejo de administración se informó que es probable que la cantidad total sea "mucho mayor", pero que lo que se puede demostrar son esos 795.115 euros procedentes de las encomiendas de gestión de la planta de clasificación de envases ligeros del complejo medioambiental de Tenerife, del servicio de puntos limpios y del proyecto ''Personas más sostenibles''.

La cuantía sustraída de los parking que gestiona Sinpromi, añade la consejera, "no ha sido calculada porque se sacó de la caja, directamente en metálico y, según la empresa auditora, no hay forma de saber el total".

En concreto, esta auditoría le atribuye a Hernández Pedreira, solo o con más cómplices, la sustracción de 240.000 euros en el año 2011, de 278.094 euros en 2012, 120.627 euros en 2013 y de 156.231 euros en 2014, año en el que el exdirector de Sinpromi se autoinculpó del robo al saber que había sido descubierto el descuadre en las cuentas de esta sociedad pública.

Para la reposición de ese agujero contable, manifiesta Hormiga, Sinpromi recortará gastos por valor de 198.778 euros anuales entre 2016 y 2019, aunque la formación morada no ha sido informada aún de cuáles serán los proyectos y servicios afectados por los recortes.

Para Podemos, "sigue siendo incomprensible que los dos investigados por esta apropiación de fondos públicos destinados a discapacidad estén campando a sus anchas, con libertad para salir y entrar de la isla, así como para gastar el dinero que pudiera quedarle y que, según la investigación policial, el autor confeso del robo usó para disfrutar de viajes y caprichos de lujo, así como para financiar fichajes estrella del club de fútbol sala que presidía".

La consejera ha incidido en que el Cabildo "se personó en esta causa después de que lo hiciera Podemos" y que ni la Corporación insular ni Sinpromi "han pedido siquiera prisión cautelar para los investigados por este escándalo". "Parece que están más interesados en pagar la deuda que en lograr la devolución del dinero sustraído y que en pedir responsabilidades y dar una lección de ejemplaridad", comenta.