Facua-Consumidores en Acción ha reclamado hoy al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que revoque su decisión de empezar a cobrar a las familias de niños inscritos en guarderías municipales, ya que no habían sido advertidas.
La asociación denuncia en un comunicado que la corporación municipal ha anunciado "precipitadamente" la entrada en vigor de una nueva ordenanza por la cual se incluyen nuevas tarifas para el servicio de escuelas infantiles municipales, que "pretende" aplicar con efecto retroactivo y una vez cerrado el proceso de matriculación y adjudicación de plazas.
Hasta el curso pasado, las guarderías municipales eran gratuitas y solo se solicitaba a las familias su contribución con recursos como pañales, agua o toallitas, explica Facua-Consumidores en Acción.
Según ésta organización, en la web de la corporación municipal se puso a disposición de las familias el impreso de solicitud para el curso 2016-2017, así como el resto de información necesaria relativa a plazos y solicitudes.
Pero, añade, no se indicó precio alguno del servicio, de forma que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife "se limitó" a remitir a la misma normativa reguladora del año anterior, dando así a entender a las familias que las tarifas no iban a sufrir modificaciones.
Facua denuncia que, con posterioridad a la asignación de plazas y una vez agotados los plazos de solicitud en los centros, se aprobó una ordenanza municipal reguladora de la tarifa para la prestación del servicio de escuelas infantiles, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) número 83, de 11 de julio de 2016.
Esto es, semanas después de cerrar el plazo de matriculaciones, destaca Facua.
Esta organización recuerda que los usuarios tienen derecho a conocer el precio de un servicio previamente a su solicitud y contratación, y explica que las cantidades económicas deben ser expuestas al público por medio de un soporte escrito e incluyendo el precio de todas las cargas, gravámenes y también descuentos que le sean aplicables. Tienen derecho, en definitiva, a una información veraz, eficaz y suficiente.
En este caso, asegura Facua, se vulneran los derechos más básicos de las familias afectadas, usuarios de un servicio público cuya gestión se deja en manos privadas.
Por ello, Facua al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a que suspenda hasta el curso siguiente la aplicación del nuevo sistema de financiación aprobado en la ordenanza de fecha 27 de mayo de 2016 y mantenga en vigor los criterios aplicados el pasado curso, sin coste para las familias de los niños admitidos.