N. R., S/C de Tenerife
Los abogados de los trece acusados del caso Las Teresitas fracasaron en su intento de paralizar la vista oral que tiene lugar desde el pasado viernes en la Audiencia Provincial. Durante la sesión que tuvo lugar ayer, el juez, Joaquín Astor Landete, rechazó la práctica totalidad de los argumentos aportados por los letrados o como mucho les dio la razón de forma parcial. Pero no hasta el punto de suspender el que puede ser calificado como todo un macrojuicio. El juez y la fiscal, María Farnés Martínez, mostraron su sorpresa ante la aparición de documentos solicitados en su día al ayuntamiento y que no fueron aportados en aquel momento.
Landete y la representante del Ministerio Público apuntaron la obligación de investigar la procedencia de estas pruebas en cuanto se trata de documentos públicos y así determinar si se ha podido infringir la ley de protección de datos. Un aspecto que el juez considera que en principio no supone ninguna criminalización sino que por el contrario otorga una mayor garantía en caso de que se quieran presentar nuevas pruebas. "Hay unos requisitos de verificación que debemos comprobar", dijo.
El magistrado está dispuesto a aceptar parte de los documentos aportados, pese a que algunos ya estaban incorporados y garantiza que los testigos durante sus declaraciones solo podrán centrarse en los supuestos delitos que ahora se imputan: malversación de fondos y prevaricación.
Landete cree que durante todo el proceso se han respetado los derechos de las defensas, como el de igualdad de armas, no han existido contradicciones, ni dilaciones indebidas y rechaza "de forma absoluta" la prescripción de los hechos. Exceptuando algunos errores puntuales a la hora de notificar las prórrogas de secreto de sumario, el juez considera que se dio cumplimiento a lo contemplado en la ley, al igual que se hizo cuando se llevaron a cabo las declaraciones de cada uno de los acusados, momento en el que se les advirtió sobre su situación procesal y los hechos que se investigaban. "El auto de apertura de juicio está absolutamente fundamentado y responde a todas las exigencias de la ley. La juez instructora ha cumplido perfectamente".
Justificó el secreto de alguna de las actuaciones con la afirmación de que hacer lo contrario "es como si avisamos a un narcotraficante que introduce grandes cantidades de droga en la Isla de que le estamos investigando".
El abogado de la acusación particular, José Pérez Ventura, coincidió con el juez en que las pruebas presentadas ya se conocían desde hacía tiempo. Las aportadas por el exgerente José Martín Tomás fueron calificadas de "naturaleza muy heterogénea" y además puso en duda que se trate de documentos completos.
"El principal motivo para denunciar fue el precio"
El concejal del PSOE José Ángel Martín declaró ayer por ser uno de los firmantes de la denuncia contra la compraventa, a través de Ínsula Viable. Durante su comparecencia quiso separar su etapa en la oposición de la época en la que fue edil de Urbanismo. En esta última señaló que "no había estado muy pendiente" de esta cuestión, al considerar que entonces "ya todo estaba consumado".
Indicó que, en un primer momento, las noticias que tenían apenas eran rumores que apuntaban a las discrepancias de la arquitecta municipal, Pía Oramas, sobre el precio que se quería pagar. O la existencia de diferentes tasaciones que no coincidían entre sí. De hecho, el precio pagado fue el motivo que les llevó a presentar en 2004 una denuncia redactada por el exsecretario insular socialista Santiago Pérez. Pero el grueso de las preguntas giraron en torno al supuesto incumplimiento por parte del exportavoz del grupo municipal Emilio Fresco, hoy acusado, de la orden de la ejecutiva insular para que votaran en contra del convenio.
Una lista de 90 testigos, con Bermúdez incluido
El juicio de Las Teresitas no tiene fecha final. El juez, Joaquín Astor Landete, indica que la fijada inicialmente para el 26 de octubre es tan sólo indicativa, por lo que no descarta que la vista se alargue hasta el mes de diciembre. Pese a la complejidad de la trama, cada uno de los 90 testigos ha sido citado no solo en un día sino a una hora concreta. La decisión de que los acusados sean los últimos en intervenir, que también había sido cuestionada por sus abogados, les permitirá, según el juez, conocer pruebas, y facilitará el sentido de sus declaraciones. "No estamos hablando de una cuestión caprichosa", dijo Landete. En la lista de testigos llamados a declarar figura el actual alcalde, José Manuel Bermúdez.
En el día de hoy declararán Santiago Pérez, exsecretario insular del PSOE en el momento de la compraventa de 2001 y redactor de la denuncia presentada en 2004; el empresario Amid Achi, que se opuso a la concesión del crédito de Cajacanarias; y los expresidentes de la Junta, Jerónimo Delgado y José Delgado. También han sido llamados el exabogado de la Gerencia, Ruymán Reyes, que encontró los documentos en los que se apuntaba que el Ayuntamiento había comprado terrenos que ya eran suyos, y el exdirector de Cajacanarias, Rodolfo Núñez, que debía haber intervenido ayer.
Bermúdez: "La compra de los terrenos fue buena"
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, defendió ayer que la compra de los terrenos de la playa de Las Teresitas se hizo con el objetivo de que "no se construyeran hoteles de muchísimas plantas", y por eso "fue buena" para la ciudad. "Todos los partidos estaban a favor de que en la playa no se construyera y por eso se compraron los terrenos desde el Ayuntamiento, ese era el objetivo", afirmó el alcalde. Bermúdez, que pidió respeto a la presunción de inocencia de los acusados, entre ellos su antecesor en el cargo, Miguel Zerolo, matizó que "otra cosa son los términos" de la operación de compra.