El exsecretario general del PSOE de Tenerife Santiago Pérez testificó hoy en el juicio por el caso de Las Teresitas y declaró que sobre este caso la entonces alcaldesa de La Laguna, Ana Oramas, le comentó que hay personas que no están en política para enriquecerse, una de ellas su hermana Pía.

En realidad Pía Oramas no se dedicaba a la política, sino que era la arquitecta municipal de Santa Cruz de Tenerife cuyo informe de tasación de los terrenos del frente de playa de Las Teresitas por 19 millones de euros no fue tomado en cuenta por el Ayuntamiento para comprárselos a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González por 53 millones.

Las presiones que recibió Pía Oramas en el Ayuntamiento por esta tasación llevaron a la arquitecta municipal a dejar la corporación y buscar otro destino profesional, según declaró Santiago Pérez que le explicó Ana Oramas.

Pérez, que testificó por ser el redactor de la denuncia que originó la investigación judicial del caso de Las Teresitas, admitió que no conoce ni ha hablado con Pía Oramas.

Pero reveló que su hermana Ana Oramas, exalcaldesa de La Laguna y actualmente diputada nacional, le hizo un comentario sobre ella de "motu proprio" durante un acto institucional en 2003 o en 2004.

"Santiago, hay personas que no estamos en política para enriquecernos, y una de ellas es mi hermana", dijo el testigo citando las palabras de Ana Oramas.

La exclusión del informe de tasación de la arquitecta municipal en el expediente fue una de las razones por las que el Tribunal Supremo anuló la operación de compraventa, rememoró Santiago Pérez.

Por el presunto pelotazo que supuso esta operación de compraventa se sientan en el banquillo entre otros el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, los empresarios Plasencia y González, el entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Emilio García Gómez, y el que era portavoz del grupo socialista, Emilio Freco.

Durante su testimonio, Santiago Pérez dijo que en 2001, cuando se realizó la operación de compraventa, era "vox populi" y se comentaba en círculos restringidos que se preparaba un pelotazo en Las Teresitas.

El conocimiento de la existencia de ese informe de Pía Oramas y otras irregularidades llevaron a Santiago Pérez a redactar una denuncia ante la fiscalía en representación de un colectivo de militantes socialistas en 2004 y a firmar una ampliación de la denuncia un año después.

Previamente, en 2001, cuando se aprobó el convenio de compraventa en el Ayuntamiento con el respaldo del PSOE, Santiago Pérez, como secretario general insular del partido, había recomendado por fax a los concejales de su partido que se abstuvieran, sin obtener respuesta de los ediles, explicó.

Pese a la "información informal" de que "se preparaba un pelotazo", existía "un clima de silencio", y fue por sorpresa que el alcalde, Miguel Zerolo, y los portavoces de PSOE y PP convocaron conjuntamente a la prensa para anunciar que se iba a aprobar el acuerdo.

Los empresarios habían adquirido el frente de playa y la zona de Las Huertas por 30 millones de euros en 1998 y ahora vendían una parte, solamente el frente de playa, por 53 millones.

Además el Ayuntamiento recalificaba Las Huertas para la edificación, sin que las plusvalías que se generaban para los empresarios fueran tenidas en cuenta a la hora de fijar el precio del frente de playa, que en realidad valía 19 millones según la arquitecta municipal, relató el testigo.

Todo esto le llevó en primer lugar a presentar alegaciones al convenio de compraventa en la fase de exposición pública, que comenzó en octubre de 2001, pero entonces descubrió que, sin estar vigente el convenio formalmente, la escritura de compraventa ya se había firmado, continuó.

Como el convenio había sido ejecutado antes de su aprobación, Santiago Pérez lo recurrió ante el Tribunal Contencioso Administrativo, pero fue desestimado por una cuestión de forma, sentencia que ratificó el Tribunal Supremo en 2005.

Como cada vez se conocía más información sobre este expediente, un grupo de socialistas le pidieron que redactara una denuncia, que fue la que se presentó y se amplió posteriormente ante la fiscalía entre 2004 y 2005.

Santiago Pérez señaló que en el verano de 2001 el empresario Amid Achi, que fue miembro del consejo de administración de CajaCanarias cuando en 1998 esta entidad concedió un crédito a los empresarios Plasencia y González para comprar los terrenos de Las Teresitas, le llamó para informarle de las circunstancias en las que se produjo la autorización del préstamo.

Amid Achi, según dijo hoy Santiago Pérez y testificó él ayer en el juicio, votó en contra de ese crédito, aunque luego lo cambió a una abstención por las presiones recibidas por el entonces vicepresidente de CajaCanarias.

Santiago Pérez señaló que alguien le había informado de que en esa reunión del consejo de administración estuvo presente Miguel Zerolo, aunque no pudo recordar si había sido Amid Achi, quien ha declarado que el exalcalde no participó en esa sesión.