la jueza del Juzgado de Primera Instancia número 4 en Los Cristianos, Sandra Peraza San Nicolás, terminó la fase de diligencias previas del llamado caso Arona 2 para continuar la tramitación como procedimiento abreviado manteniendo la condición de investigado para 18 personas por un presunto delito de prevaricación. El motivo fue la aprobación de la subsanación de errores del Plan General de Ordenación (PGO) de Arona con los votos a favor de CC, Centro de Arona (CAN) y Partido Popular (PP). De los cinco concejales que tenía el PSOE, cuatro se abstuvieron y uno, José Antonio González Reverón (actual primer teniente de alcalde, líder de Ciudadanos por Arona y denunciante del caso), votó en contra.
Entre los 18 investigados a los que la jueza imputa un presunto delito de prevaricación figuran el actual responsable de Coalición Canaria (CC) en Arona y consejero de Innovación del Cabildo de Tenerife, Antonio García Marichal; la portavoz del Grupo Municipal del PP, Águeda Fumero; y Clara María Pérez, actual concejal de CC. A ellos se suman el exalcalde José Alberto González, y los exconcejales nacionalistas Ángel David Herrera, Jesús Ramón García, Francisco Toledo, Manuel Reverón, Martina Melo, Antonio Sosa, Miguel Ángel Méndez (último candidato de CC a la Alcaldía), Dácil García y María Candelaria Padrón.
Por el Partido Popular, además de su portavoz, tienen la condición de investigados José Agustín Sierra y Esteban Alayón, mientras que el Centro de Arona aporta a esta causa a Manuel Barrios y a Pedro Antonio Cabeza.
El listado lo completa el secretario municipal de Arona entonces y hoy en el Ayuntamiento de Arico, Cristian Marcelino, cuya comparecencia ante la jueza fue en calidad de testigo, terminando con la condición de investigado.
Fue el 28 de noviembre de 2008 cuando, por la mayoría de los integrantes del Pleno, se aprobó la subsanación de las observaciones del acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) en relación al Plan General de Ordenación.
Esa decisión fue adoptada "a pesar de la existencia de informes de los servicios jurídicos municipales en los que se ponía de manifiesto que se no habían efectuado todas las subsanaciones necesarias, así como que se habían introducido en el Plan modificaciones no previstas inicialmente", según expone la jueza en su auto.
Para su señoría, la situación de Cristian Marcelino merece una explicación señalando que instó al Pleno a llevar a cabo la votación "aprobando" el documento "pese a no haberse producido íntegramente la subsanación".
La jueza desprende que los investigados "votaron a favor de dar por subsanadas las deficiencias del PGO apreciadas por la Cotmac sin que realmente se hubiera producido en todos sus términos".
Un planeamiento finalmente anulado
La Sala Tercera (Sección Quinta) del Tribunal Supremo (TS) emitió el pasado 2 de junio de 2015 (la reunión de deliberación se produjo el 25 de mayo) la sentencia por la que anuló el Plan General de Ordenación (PGO) de Arona. Tal decisión tiene carácter definitivo y categoría de jurisprudencia, según la misma, y se fundamenta en que no se incluyó la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Es el mismo documento por el que ahora están investigados 17 concejales del mandato 2006-2011 y el secretario municipal del momento.
Del chantaje político a estar investigado
Aquel 28 de noviembre de 2008, el por entonces alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, aseguró durante una rueda de prensa que convocó -acompañado por su concejal de Urbanismo, Antonio Sosa- que "estamos padeciendo chantaje político con el Plan General de Ordenación (PGO) y se pretende someter al grupo de gobierno para no sacarlo adelante".