"Presidente, ¿cuándo nos vemos?". La preguntó se la hizo ayer a Fernando Clavijo Inma Évora, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), desde la rambla central de la calle José Manuel Guimerá Gurrea al edificio de Presidencia del Gobierno de Canarias que está enfrente. La respuesta de Clavijo fue: "Eso, Patricia (Hernández vicepresidenta y consejera de Políticas Sociales). Évora, erre que erre, contestó: "No, mejor con el jefe". Y es que la PAH pretende desde el pasado 20 de septiembre que el presidente los reciba para explicarle "situaciones tan graves como la presencia de mafias que trafican con la vivienda pública. Queríamos que denunciara el Gobierno ante la Fiscalía, pero lo hemos hecho nosotros y ha sido admitida a trámite".
Évora valoró: "Nos han dicho que ya tienen funcionarios para la investigación y que nos pedirán más información y documentos".
Para la dirigente del colectivo "es una excelente noticia porque la práctica está muy extendida por distintas zonas de la Isla. En el Sur, caso de Granadilla de Abona o Arona; el Norte, en Tacoronte o Los Realejos, y, por supuesto, el área metropolitana, tanto en Santa Cruz como en La Laguna".
Borja López, portavoz también de la PAH explicó que "fui personalmente a la Fiscalía y me lo confirmaron". Ayer ambos estaban en el grupo, más reducido que el del martes, que se volvió a manifestar ante Presidencia para que Clavijo los reciba. Sobre esto último, "no hay novedades de trascendencia, solo una llamada telefónica desde su gabinete para decirnos que nos volverían a llamar".
El pasado martes, un "grupo de personas del gabinete de Patricia Hernández salieron a la calle y hablaron con nosotros. Nos dijeron que están haciendo cosas, pero son totalmente insuficientes en nuestra opinión".
Ahondando en la denuncia ante la Fiscalía Provincial, señalar que "son cuatro los motivos fundamentales para la denuncia de los que la PAH culpabiliza en buena medida al Ejecutivo".
En primer lugar, que "las personas se vayan a la calle sin una atención social adecuada y sin una alternativa habitacional con personas dependientes a su cargo, en muchas ocasiones menores de edad". Añaden que "los jueces dictan sentencia de lanzamiento y no hay alternativa válida ni solución desde los servicios sociales ni desde el parque público de viviendas".
Por otro lado, "no funcionan ni las ayudas al alquiler ni los pisos tutelados y de acogida. Por ejemplo, en este último caso solo hay tres en La Laguna y apenas alguno más en Santa Cruz".
Finalmente, El Centro Municipal de Acogida, el albergue de Santa Cruz, "se encuentra saturado y es el único de la isla por lo cual viene gente de todos los municipios y se colapsa sin poder responder al servicio para el que fue concebido".