Antonio Ramón Plasencia San tos, José Enrique Morales Rodríguez y Pedro Sicilia Delgado están condenados a asumir el coste "de las medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado en cada una de las áreas donde los acusados ejercieron la actividad" de la extracción de áridos en los barrancos de Güímar. La sentencia, de 28 de enero de este año, señala que corresponderá a las administraciones competentes la elaboración del oportuno plan de restauración y que todo ello debe estar culminado en dos años. Ese fue el acuerdo al que llegaron las partes para evitar la cárcel.
Nueve meses después es cuando las administraciones se ponen manos a la obra. Los servicios jurídicos del Cabildo y el letrado que ejerció la acusación, Carlos Álvarez, comenzaron las reuniones de coordinación (a las que se incorpora el Ejecutivo regional) para definir la infraestructura de elaboración del plan de restauración. El hecho de que afectará a los cauces de los barrancos colindantes a aquellos en los que se realizó la extracción de áridos eleva la complejidad del proceso ya que requerirá la participación de propietarios particulares de fincas anexas a las canteras e, incluso, expropiaciones.
El procedimiento implica al Cabildo, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife y las consejerías de Industria y Energía, Medio Ambiente, Política Territorial y Sanidad del Gobierno canario así como del Ayuntamiento de Güímar. Actualmente se trata de "agilizar el proceso técnico hasta concluir en la elaboración del proyecto", señaló Carlos Álvarez.
El letrado aclaró que "si transcurrido el tiempo que falta para los dos años otorgados por la Audiencia Provincial para disponer del plan de restauración éste no está elaborado, la condena pasa a ser pena y los empresarios entrarían en prisión".
La iniciativa legislativa que tramitará el Parlamento de Canarias (se cree que en noviembre) a instancia del Cabildo tendrá "muchas enmiendas porque los partidos políticos quieren garantizar que los areneros paguen" la recuperación de los barrancos, si bien admite que "será imposible restablecer el equilibrio ecológico perturbado a su estado original, pero sí devolverlo a un nivel que produzca el menor impacto".
Una de las bases argumentales del trabajo que se desarrolla en estos momentos es "que el plan de restauración será compatible con el sector predominante en el lugar, que es el agropecuario. No vamos a diseñar un plan pensando que ese espacio se pueda convertir en un lugar para infraestructuras turísticas. Se convertirá en lo que es".
De ahí que el abogado de la acusación coincida con el presidente del Cabildo en que la iniciativa legislativa que se promueve "cambie la calificación territorial de este suelo a protección medioambiental" haciéndolo solo compatible con el uso agropecuario y denegando cualquier derecho por la cancelación del coto minero.
Una de las posibilidades que se baraja para rellenar los huecos dejados por las industrias extractoras es rebajar la cota del entorno a 100 metros, pero ello requerirá de un pronunciamiento técnico que aún se demorará.
Tabona reconoció a Francisco Hernández por denunciar a los areneros
El Colectivo Tabona obsequió a Francisco Hernández con una talla de Tara como reconocimiento a su trabajo en pro del municipio al ser el denunciante de los extractores de áridos de Güímar. Además, plantea que para la restauración de los barrancos debe emplearse material de desmontes procedentes de otras partes de la Isla e, incluso, de otras, nunca del entorno por afectar a otros propietarios./ cedida