"Se lo dije porque ya estaba aburrida del señor alcalde" fue la última respuesta de Hortensia García, subinspectora de la Policía Local, en el interrogatorio que le realizó la fiscal María Isabel Silva durante la primera sesión de la última pieza separada del caso Arona, donde figura como acusada del supuesto delito de prevaricación por favorecer a un opositor en el concurso para proveer 10 plazas de agente municipal celebrado en 2008, cuyo tribunal presidió. Con esa respuesta trató de aclarar por qué engañó al exalcalde asegurándole (consta en una escucha telefónica) que estaban ayudando ("tirando de él") a Nicanor Díaz, para lo que había hablado con la examinadora de la prueba de inglés (quien atestiguó que nunca existió esa conversación) a fin de que mejorara su puntuación.
Hortensia García afirmó que "a lo largo del proceso selectivo recibí llamadas que me sorprendían" del exalcalde de Arona, José Alberto González, quien se interesaba por los exámenes del citado Nicanor Díaz, una sobrina del entonces presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero; dos opositores relacionados por el vicepresidente del Cabildo del momento, José Manuel Bermúdez, y vecinos del municipio. Ninguno de ellos obtuvo plaza, salvo Nicanor Díaz, que ocupó la última (la Fiscalía entiende que por el uno que obtuvo en la prueba de inglés), superando por décimas al siguiente y tras la renuncia de dos que la ganaron inicialmente. Este asunto ya fue dirimido en la vía judicial por impugnación.
La Fiscalía pide para la acusada (en situación de baja laboral desde el mes de agosto de 2015) ocho años de inhabilitación especial por el supuesto delito de prevaricación.
José Alberto González admitió haber llamado a la entonces subinspectora de la Policía Local para interesarse por la evolución de varios opositores, pero fueron llamadas "de cortesía y respeto" hacia los familiares que le preguntaban al respecto. El exalcalde respondió a la fiscal que cuando le dijo a Hortensia García "vamos a tirar para arriba de él (Nicanor Díaz)" en realidad era "en plan jocoso y como una broma".
A González Reverón le piden dos años de cárcel y 15 de inhabilitación por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones. Entre otras cuestiones, por interceder ante la consejera insular de Planificación, Pino de León, para que el plan territorial parcial Cabo Blanco-Buzanada (ya anulado) "corrigiera" la calificación del suelo que ocupa la casa de Manuel Reverón, entonces concejal de Policía Local, pasando de rústico a urbanizable porque así lo recogía el Plan General de 2006. El primo o no (ayer dijeron no ser familia y anteriormente, lo contrario y en sede judicial) del exalcalde pagó una multa de 150.000 euros por la irregularidad que suponía su casa.
Pino de León aseguró al tribunal que las alegaciones correspondientes llegaron al Cabildo vía Registro, algo que puso en duda la Fiscalía.
El exalcalde se defendió de la acusación de tráfico de influencia en la asignación de una plaza de la guardería de Buzanada a una hija de un amigo de su hijo, explicando que sus llamadas a la responsable del centro eran "a título informativo" ya que ella no podía decidir al respecto; declaró que propuso nombres para sustituciones en la empresa de jardinería y limpieza Clusa porque ayudaba a personas en riesgo de exclusión social y porque la compañía le pedía recomendaciones y dijo que se interesó por los motivos de que a un empresario le impusieran 32 multas de tráfico "por el mismo motivo y en el mismo lugar" para "saber qué derecho le asistía al vecino".