La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictó el pasado día 29 de noviembre un auto, que se acaba de conocer, en el que insta a la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias a pagar antes de dos meses más de un millón de euros a las familias de cinco de los seis fallecidos en la tragedia de la galería de Piedra de los Cochinos, que se produjo los días 10 y 11 de febrero de 2007. El abogado Antonio Molina, que representa a las familias de tres de las víctimas mortales, confirmó ayer a EL DÍA que este auto rechaza la petición del Gobierno de Canarias de suspender el pago de las indemnizaciones hasta que la administración regional y los propietarios de la galería llegaran a un acuerdo para pagar.

Para Molina, esta petición, en la que también se planteaba una mediación para cerrar el acuerdo entre los condenados, fue "un disparate jurídico colosal", que ha retrasado varios meses la ejecución de la sentencia.

Un retraso que generará más gastos en concepto de intereses para las arcas públicas, ya que en el auto se recuerda que se deben pagar los intereses legales que correspondan desde el 5 de marzo de 2010. Por ahora, el Gobierno de Canarias ha sumado a las indemnizaciones iniciales un año más de intereses. Justo ayer se cumplió un año de las sentencias, de fecha 23 de diciembre de 2015, que condenaron al Gobierno de Canarias y a la Comunidad de Propietarios Heredamiento de Daute.

En el caso de que los dueños de la galería no paguen su parte de la indemnización, el Gobierno de Canarias tendría que abonarla como responsable solidario. Y luego podría reclamar la devolución a la comunidad de propietarios, "que en estos momentos no tiene bienes a su nombre", según advierte Molina.

Los afectados solicitarán en breve una reunión con el director general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, Erasmo García de León (CC), para pedirle que no alarguen más el proceso.

A finales de mayo de 2016, las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre la responsabilidad económica de la tragedia se convirtieron en firmes. El Gobierno de Canarias y los propietarios de la galería tenían un plazo de tres meses para abonar más de un millón de euros en indemnizaciones para las familias de cinco de las seis víctimas mortales y tres de los supervivientes. Ese plazo no se cumplió.

Ahora el TSJC insta al Gobierno de Canarias a pagar esas indemnizaciones antes de dos meses. El auto es del 29 de noviembre pero acaba de notificarse, por lo que ese plazo se vencerá en febrero de 2017, cuando se cumplen diez años de la tragedia.

TSJC condenó al pago de 200.000 euros a los familiares de cuatro de los fallecidos (Ginés Ramírez Alemán, Estefanía Peña Febles, Eduardo Delgado Donate y Javier de Souza Sánchez) y a 144.151 a los de Juan Luis Medina Trujillo, aunque en este último caso se condenó solo a los propietarios de la galería, puesto que su familia no denunció al Gobierno canario. A estas cuantías hay que sumar los intereses legales de casi 7 años.

También condenó por lesiones y daños morales al pago de 10.000, 5.000 y 600 euros (más intereses) a tres de los heridos.