El grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife ha advertido hoy de que llegará hasta las últimas consecuencias para que se esclarezcan los reparos de legalidad puestos por Intervención a gastos por 204 millones de euros en 2015, entre ellos una operación financiera por importe de 188 millones.
El portavoz de Podemos en la corporación insular, Fernando Sabaté, dijo hoy en rueda de prensa junto a los consejeros del mismo grupo Julio Concepción y Roberto Gil que ha incluido una pregunta sobre este asunto en la sesión del pleno previsto para el viernes ante las advertencias "muy importantes" de incumplimientos de la legalidad que ha efectuado la Intervención General.
Fernando Sabaté recordó que los presupuestos del Cabildo para 2015 rondaban los 764 millones de euros, por lo que la cantidad a la que Intervención ha puesto reparos de legalidad representa una cifra "muy abultada", que supera el 25 por ciento de las partidas globales.
Podemos espera que el grupo de gobierno ofrezca una información detallada sobre la gestión de estos fondos o de lo contrario está dispuesto a ejercer como acusación particular o llevar este asunto directamente a la Fiscalía, advirtió su portavoz.
Según la información facilitada por Podemos, de los 76 reparos puestos por la Intervención doce fueron levantados por el pleno de la corporación insular y el resto (64) lo fueron por el presidente de la institución, Carlos Alonso.
Nueve reparos seguían vigentes con fecha 31 de diciembre de 2016 y el total de dinero público con advertencias de posible ilegalidad por parte de la Intervención General del Cabildo tinerfeño asciende a 204.293.429 euros.
En concreto hay 19 reparos a subvenciones por importe de 6.124.140 euros, 11 reparos a convenios por 1.560.554 euros, 17 reparos a contratación de obras por 4.176.033 euros, 4 reparos a contratación de servicios por 218.768 euros, 3 reparos a contratación de suministros por 586.256 euros y 13 reparos a encomiendas de gestión por 1.336.899 euros.
En su escrito de conclusiones la Intervención General destaca como principales advertencias de ilegalidad la omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales, lo que ocurre en gastos por más de 202 millones de euros, ausencia de documentación o informes preceptivos y valoraciones defectuosas que no se ajustan a los criterios establecidos en las bases.
Podemos, que valoró el trabajo de la Intervención General pese a su insuficiente dotación de medios, señaló también que hay subvenciones "camufladas" y que se conceden directamente al parecer sin justificar por qué no ha habido una convocatoria pública de ayudas.
Al respecto Fernando Sabaté indicó que la Intervención General ha observado que en el presupuesto del Cabildo para este año se triplica la cantidad destinada a subvenciones nominativas, que ascienden a 15.555.211 euros, frente los 5.150.000 de 2016.
El consejero Roberto Gil también señaló que en el pleno del viernes pedirá la comparecencia del consejero de Turismo, Alberto Bernabé, para que explique el uso de 23 tarjetas de crédito por parte de Turismo de Tenerife que implicaron un gasto de 1,3 millones de euros entre 2012 y 2016.
De la citada cantidad 700.000 euros correspondieron a una tarjeta utilizada por el consejero delegado de Turismo de Tenerife Miguel Ángel Santos entre 2012 y 2015 y Roberto Gil expresó su intención de que Bernabé, entonces gerente de la citada sociedad, explique "en qué se ha invertido esta millonada de dinero público".
Asimismo el consejero Julio Concepción advirtió de que no se está fiscalizando adecuadamente el dinero que reciben los grupos políticos con representación en la corporación insular y consideró que "queda mucho por avanzar" en la correcta fiscalización democrática de la institución.