El director insular de Hacienda del Cabildo de Tenerife, Juan Carlos Pérez Frías (CC), ha admitido este viernes que hay reparos de Intervención a la gestión de 2015, si bien los ha justificado en el "interés público" de las actuaciones.
En respuesta a una pregunta de Podemos en el Pleno de la corporación, ha dicho que las críticas de la formación morada "tienen trampas y generan alarma" por "mezclar peras con manzanas", ya que el dato real es de 76 reparos por importe de 21 millones, frente a los 29 y 125 millones del ejercicio anterior.
En esa línea, ha señalado que el 97 por ciento del presupuesto "no tenía incidencia" y que "no hay ilegalidad", sino una discrepancia con los servicios jurídicos que "normalmente" se resuelve con decreto del presidente o con negociaciones.
Además, ha comentado que es común que la administración se mueva entre "el deber público y la legalidad", y ha puesto como ejemplo que en esos reparos se incluye la financiación del convenio de dependencia --que se firma siempre a mitad de año-- u otro con Aldeas Infantiles.
Ha dicho que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha autorizado un gasto de 9 millones para analizar los árboles de la capital sin el aval de la Intervención y al margen del contrato de limpieza viaria del Ayuntamiento.
En todo caso, ha insistido en que la tendencia "es a la baja" y que el hecho de que solo afecte al 3 por ciento, "demuestra la salud financiera" de la institución.
ADJUDICACIONES A DEDO Y SUBVENCIONES SIN PUBLICIDAD
La consejera de Podemos, Milagros Hormiga, ha dicho que los reparos se refieren a obras, servicios, suministros o encomiendas de gestión donde "se ha vulnerado la legalidad de forma reiterada", con defectos de tramitación, subvenciones directas sin justificación o "camufladas", sin publicidad y con ausencia de fiscalización.
Ha comentado que "la forma más transparente" de levantar reparos es el pleno, y en 2015, solo 2,6 millones siguieron ese modelo frente a los 201 millones levantados por el presidente, Carlos Alonso, y aún faltan otros nueve por importe superior a 680.000 euros.
Hormiga ha admitido que puede haber algún "incumplimiento menor", pero expuso que se trata de "irregularidades de suma gravedad" como adjudicaciones a dedo o gastos "arbitrarios" de dinero público.