El Gobierno de Canarias "ha reconocido la labor del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) en defensa de la competencia al constatar que el pliego de condiciones presentado por la empresa pública Titsa para la contratación de los servicios de auditoría financiera para los ejercicios 2016, 2017 y 2018 vulneraba los principios de contratación del sector público".
El ICJCE "se dirigió al Servicio Canario de Defensa de la Competencia para poner en su conocimiento la situación generada". Este organismo, a su vez, "envió una carta al ICJCE dándole la razón respecto a la vulneración, por Titsa, del principio de competencia que ha de regir toda contratación del sector público".
"Este procedimiento de licitación limitaba la competencia y libre concurrencia de las firmas de auditoría", afirmó ayer Mario Alonso Ayala, presidente del Instituto.