El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín, cifró ayer en 102 millones de euros -la mitad del presupuesto municipal y "subiendo por los intereses"- la cantidad con la que Inversiones Las Teresitas (ILT) debe indemnizar "a la ciudad" para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo de 2007, que anuló la compraventa de una parcelas del frente de playa que "podrían haber sido siempre propiedad municipal". Martín adelantó que se han personado en la causa para "defender los intereses de los ciudadanos" y acusó al actual grupo de gobierno de CC-PP y a la Gerencia de Urbanismo de "dejadez" y de dar "herramientas a los empresarios" que forman ILT (Antonio Plasencia e Ignacio González).
Martín, acompañado del también edil socialista Andrés Martín Casanova, acusó al grupo de gobierno "de dejar caducar un expediente para beneficiar a ILT en la reclamación del dinero que esta empresa adeuda a la corporación".
José Ángel Martín desglosó esos 102 millones, a partir de los 59 que el Ayuntamiento de Santa Cruz pagó por los terrenos, más los intereses, desde esa mencionada sentencia del Supremo. Martín, que fue concejal de Urbanismo en el anterior mandato, insistió en la idea de que parece que se quiere "deshacer" todo lo que se hizo en años anteriores.
El portavoz socialista argumentó que el pasado 27 de febrero tuvieron conocimiento del recurso contencioso-administrativo de ILT contra el ayuntamiento para que se declare nulo el expediente que anuló el convenio de 1986. Según el mismo, la corporación compraba los terrenos, pero en 2014 se encontraron en la Gerencia tres documentos según los cuales las parcelas ya eran del ayuntamiento antes de la compra, por lo que esa acción fue anulada por el Supremo. Martín valoró que la caducidad del expediente por silencio administrativo "beneficia a ILT, que ahora reclama esa caducidad del convenio." El PSOE ha solicitado que la jefa de los Servicios Jurídicos, la concejala Marisa Zamora, "lo explique" en la comisión de control del jueves.
"El responsable de la caducidad es Martín"
"La responsabilidad de la caducidad del expediente abierto para determinar si procede exigir el cumplimiento o la resolución parcial del convenio urbanístico suscrito entre la Corporación y la Junta de Compensación del Polígono Playa de Las Teresitas recae en el anterior responsable de este departamento municipal, el socialista José Ángel Martín". Así se manifestó ayer, a través de un comunicado, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, Carlos Garcinuño. El edil del Partido Popular, responsable de la Gerencia de Urbanismo capitalina desde mediados de 2015, explicó que "fue precisamente durante la época de Martín como concejal de Urbanismo cuando se abrió este expediente, en concreto en febrero de 2014". Añadió que "fue también durante su mandato cuando formalmente caducó, sin que se tomara ninguna decisión expresa". Solo tras las nuevas peticiones de Inversiones Las Teresitas (ILT), explica el documento dado a conocer la tarde de ayer, el concejal de Planeamiento Territorial "ha debido dictar de oficio una resolución declarando, efectivamente, la caducidad del procedimiento". Garcinuño subrayó, además, que "en aquel momento no se cumplieron las previsiones legales sobre un procedimiento de estas características". En todo caso, adelantó que "la caducidad del citado expediente no impide que se incoe otro procedimiento, esta vez conforme a las determinaciones de los servicios jurídicos de la Gerencia de Urbanismo". Garcinuño aclaró, de la misma manera, que "el silencio administrativo y la caducidad de un expediente son aspectos jurídicamente diferentes, tanto es así que son incompatibles, algo que debería saber Martín".