El área de Cooperación Municipal y Vivienda del Cabildo de Tenerife ha mejorado el Plan Insular de Rehabilitación de Vivienda, con el objeto de aumentar el número de beneficiarios y las ayudas a más familias de la Isla para adaptar sus viviendas a las condiciones óptimas de habitabilidad, y ha ampliado el plazo de ejecución del proyecto por parte de los ayuntamientos adheridos al plan.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer la modificación del requisito 4º.1.c. del Programa Insular de Rehabilitación de Viviendas 2016, así como la ampliación del plazo de ejecución del mencionado plan, atendiendo de esta forma, a la solicitud de los ayuntamientos y al acuerdo aprobado el pasado 25 de enero en el Consejo Insular de la Vivienda.

En concreto, se ha modificado el apartado 4º.1.c., relativo a los requisitos sobre la vivienda objeto de la rehabilitación, que ahora incluye que deberá tratarse de viviendas en situación de legalidad, conforme a la normativa de aplicación, o legalizables, siempre y cuando, en este segundo supuesto, la ayuda se destine total o parcialmente a la legalización.

Es decir, que esta modificación permite la flexibilización de los requisitos de las ayudas para las familias que debían legalizar sus viviendas para poder obtener la subvención, y no contaban con los recursos económicos para llevar a cabo este trámite administrativo.

Además, se modificó el punto 7º del Programa, en los apartados 1 y 2, sobre el plazo de ejecución del proyecto. Con la nueva modificación, el plazo para la ejecución de la totalidad de las obras de rehabilitación por los destinatarios últimos de las ayudas, se ampliará del 30 de abril de 2017 al 30 de junio de 2017, que podrá ampliarse por dos meses más previa solicitud del ayuntamiento correspondiente, siempre y cuando, la solicitud de prórroga se presente en el Cabildo tinerfeño con anterioridad a la expiración del plazo inicial señalado.

Las obras que se financian a través del Programa Insular de la Vivienda son las que comprendan total o parcialmente la mejora de las condiciones de accesibilidad, las que garanticen la seguridad de la vivienda como el refuerzo o sustitución parcial de los elementos estructurales, y las que permitan la adaptación a la normativa vigente en materia de agua, gas, electricidad y protección contraincendios, entre otros.

Asegurar la función social

El vicepresidente primero y consejero de Cooperación Municipal y Vivienda, Aurelio Abreu, explicó ayer que estas modificaciones tienen como objetivo asegurar la función social de la vivienda, ya que se adaptan a las necesidades de las familias que necesitan rehabilitar sus viviendas y puede aumentar el número de beneficiarios de estas ayudas, además de responder a la petición de los ayuntamientos para poder contar con más tiempo a la hora de ejecutar las obras subvencionadas. Abreu destacó la coordinación desde el Consejo Insular de la Vivienda con los ayuntamientos de la Isla para mejorar el Plan Insular de Rehabilitación de Vivienda, lo que ha supuesto la modificación del programa a petición de las diferentes corporaciones locales en el pasado Consejo Insular de la Vivienda de enero de este año.