La Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha expresado su malestar contra la decisión de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad de ubicar la futura sede judicial en El Sobradillo y ha requerido la convocatoria de la comisión mixta de la sala de gobierno del TSJC y el Gobierno canario para debatir este asunto.

En un comunicado, la asociación judicial afirma que la Consejería ha hecho caso omiso a la petición que diferentes agentes judiciales le hicieron para que paralizase el proyecto y ha criticado que anunciara ayer este decisión a sabiendas de que los distintos operadores jurídicos habían comenzado a convocar a su integrantes para posicionarse ante "la inusitada e injustificada rapidez con la que se pretendía dar carpetazo a esta cuestión tan trascendental"

Recuerda la nota que tanto el Colegio de Abogados como la Junta de Fiscales rechazaron el 22 de marzo la opción de El Sobradillo, constando a la Consejería que ya había sido rechazado por la junta de jueces del partido judicial de Santa Cruz de Tenerife y de la Audiencia Provincial.

Al respecto, recuerda que la sección territorial de esta asociación se posicionó también en ese mismo sentido en su reunión del pasado martes 21 de marzo.

La asociación judicial indica que el rechazo no se ha producido por "mera inercia conservadora" frente ante un simple cambio de ubicación sino entiende que se ha tomado con "argumentos de peso que parecen no interesar a quien debe tomar tan importante decisión y que merecen al menos una discusión entre todas las partes interesadas".

En opinión de la asociación, no es razonable que el consejero de Presidencia, José Miguel Barragán, no haga caso a la petición de llevar a cabo un debate sereno y fundado que le han realizado colectivos con los que tiene no solo que relacionarse sino también que son los que mejor conocen las necesidades y particularidades que debe reunir el lugar destinado a ser su futura sede.

Además reprocha que esta decisión se adopte tras más de una década de "olvido y absoluta falta de iniciativa real"por parte de la Consejería de la Presidencia, Justicia y Seguridad y sin que el actual consejero, José Miguel Barragán, haya visitado la sede judicial de Santa Cruz de Tenerife.

El comunicado también destaca el protagonismo que ha cobrado el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en una decisión que excede de sus competencias y critica que en la rueda de prensa en la que se anunció la nueva ubicación del edificio judicial no estuviera presente ningún operador jurídico "lo que da muestra de la soledad de la decisión y de su carácter claramente unilateral".

Advierte que esta decisión, como todo acto de la administración, requiere de un procedimiento previo, en el que se dé adecuada satisfacción a los principios de audiencia, información y transparencia, siendo evidente que su incumplimiento puede ser objeto del procedente control tanto en vía administrativa como jurisdiccional.

La nota de la Asociación indica que continuará desplegando toda la actividad necesaria para intentar reconducir la situación creada y colaborar con todos los colectivos judiciales y operadores jurídicos afectados.