Los exconcejales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Manuel Parejo y Norberto Plasencia y la extécnica de la Concejalía de Infraestructuras Loreto Ariz deberán ingresar en prisión el próximo jueves, día 4 de mayo, antes de las doce de la mañana. Deberán cumplir la pena de tres años, en el caso de Parejo y Ariz, y de dos años y tres meses en el de Plasencia, todas ellas impuestas dentro del conocido como caso mamotreto.

El juzgado de lo penal número 5 ha remitido en estos días una providencia a través de la cual les comunica que el Consejo de Ministros celebrado el pasado 7 de abril rechazó la petición de indulto que habían solicitado sus representantes legales hace ya dos años. Cada uno de ellos ha sido condenado por dos delitos de prevaricación urbanística y otro contra la ordenación del territorio. En la providencia se advierte de que en caso de que en esa fecha y hora no estén en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, que es Tenerife II, "se darán las pertinentes órdenes de busca y captura e ingreso en prisión".

El término mamotreto se refiere al inacabado edificio de aparcamientos situado al principio de la playa diseñado por el arquitecto francés Dominique Perrault. El procedimiento judicial se inició a finales de 2007 a instancias de la Fiscalía para los delitos medioambientales, dirigida por Inmaculada Violán. Poco antes había recibido una denuncia por parte de la presidenta de la Asociación de Amigos de las Teresitas y de Anaga, Lola Schneider, de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) y del Partido Socialista Canario-PSOE. Años más tarde, a finales de 2013 y comienzos de 2014, el juicio concluiría con la condena a penas que ahora se insta a cumplir a los dos exconcejales y a la funcionaria. Igualmente, el exconcejal José Domínguez Pastor y los también técnicos Carmen Benítez y Epifanio Gómez deberán costear el derribo del edificio de su propio bolsillo, en caso de que finalmente se llegue a ejecutar la demolición.

De forma sucesiva los tribunales se han venido decantando por el derribo total, al considerarla una medida "correcta y consecuencia necesaria de la gravedad de la lesión al bien jurídico protegido". No obstante, siempre se ha abierto una puerta a intentar mantener parte del controvertido inmueble. Las posibilidades, en principio, pasarían por la aprobación del ahora en período de alegaciones Plan Especial del Frente de la playa de Las Teresitas.

El Juzgado no duda en calificar de "grosera ilegalidad" las irregularidades en las que incurre el edificio. Entre ellas está haber incumplido el proyecto original; el Plan General en vigor y el que se iba a aplicar a continuación; haberse edificado mientras se fijaba el deslinde marítimo y no contar con los permisos del Gobierno canario ni de Costas. En este último caso se apeló a un borrador de convenio que finalmente el organismo estatal rechazó firmar una vez que comprobó que la sentencia del Supremo de 2007 dejaba en el aire la titularidad real de los terrenos.

Todas estas circunstancias dieron lugar a que los tribunales sentenciaran que lo más conveniente es el derribo total, aunque acto seguido se señala que la palabra última la tiene el ayuntamiento, al menos, a la hora de legalizarlo, total o parcialmente. Los fallos judiciales siempre definen un edificio "ilegal" e "ilegalizable".