El Cabildo de Tenerife ha aprobado hoy una moción en la que insta al Parlamento de Canarias a promover una iniciativa legislativa que permita retirar el uso minero en los barrancos de Güímar.
Esta iniciativa, que contó con el respaldo de CC y PSOE en su totalidad y en algunos apartados el resto de los grupos, se ha aprobado en el pleno del Cabildo después de que el Parlamento haya rechazado tomar en consideración la iniciativa legislativa promovida por la corporación insular para restaurar los barrancos de Güímar.
La iniciativa legislativa, aprobada por unanimidad en el Cabildo de Tenerife, fue únicamente apoyada en la Cámara regional por CC-PNC, contó con la abstención de Agrupación Socialista Gomera y registró el rechazo de PP, Nueva Canarias, PSOE y Podemos, que aludieron al hecho de que tres consejerías del Gobierno de Canarias han emitido informes "contundentes" en los que se albergan serias dudas sobre la constitucionalidad de la propuesta y sobre el impacto económico "abismal" que tendría sobre las arcas autonómicas.
La moción propuesta por CC-PNC y el PSOE acuerda que el Cabildo colaborará con el Gobierno canario, poniendo a su disposición los medios técnicos de los que dispone la corporación insular para que, en cumplimiento de las sentencias penales, que se priorice la restauración de las explotaciones mineras del ámbito extractivo de Güímar.
Asimismo, solicita al Ejecutivo regional que, en el marco establecido por la legislación territorial, conjuntamente con el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Güímar, analice la viabilidad de buscar usos alternativos en los ámbitos minero agotados una vez que estos hayan sido restaurados.
El consejero insular de Política Territorial, el socialista Miguel Ángel Pérez, se ha mostrado en contra de que su partido en el Parlamento de Canarias haya rechazado tomar en consideración la iniciativa legislativa en la que se proponía la forma más pertinente de solucionar el problema.
Miguel Ángel Pérez ha aclarado que el Cabildo no puede clasificar suelos y menos un suelo minero que todavía no esta agotado, como es el caso de los barrancos de Güímar.
Es el Gobierno de Canarias el que tiene competencias en minas, ha añadido el consejero del PSOE, quien ha explicado que las minas están consideradas de carácter estratégico para el Estado.
No obstante, ha valorado que el Gobierno canario haya anunciado que creará una mesa de trabajo en la que también estén presentes el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Güímar para trabajar sobre la sentencia que obliga a las administraciones a diseñar un plan de restauración que será sufragado por los condenados.
El PSOE en el Cabildo de Tenerife seguirá presentando propuestas hasta que se deje de extraer en los barrancos, donde el Ayuntamiento es el que tendrá que decidir qué es lo que quieren hacer en la zona una vez acabe la restauración, ha comentado.
La diputada del PP Ana Zurita ha exigido que no se haga demagogia con los barrancos sino voluntad para resolver problema.
Según el PP, las competencias para delimitar el ámbito de protección ambiental y retirar el uso minero son del Cabildo y no del Gobierno, que no tiene "ninguna competencia para establecer los usos en un territorio".
Los planes de restauración los tienen que pagar los condenados, tal y como dicta la sentencia, y el Cabildo no puede eximir a los condenados de cumplir esta sentencia.
Ha asegurado que el PP no ha cambiado el discurso aunque votaron a favor de la iniciativa legislativa propuesta al Parlamento "por respeto al anterior grupo Popular que había en el Cabildo" y que había trabajado en ella.
Para la consejera del PP lo que hay que hacer es un trabajo conjunto con el Gobierno de Canarias "y no pasarle la pelota" al Ejecutivo en una actuación que no le corresponde.
El diputado de Podemos Fernando Sabaté ha valorado que el Cabildo haya vuelto a abordar el problema de los barrancos, después de que de forma mayoritaria el Parlamento haya decidido no llevar adelante la iniciativa legislativa de la corporación insular.
Ha admitido que la iniciativa legislativa presentada por el Cabildo era "manifiestamente mejorable" en sus explicaciones técnicas y políticas sobre las indemnizaciones, de ahí que el Parlamento tuviese "dudas razonables".
Además, ha pedido al Gobierno de Canarias que regule la extracción minera y que, una vez se restaure, se potencie la agricultura en la zona, donde también se podría practicar senderismo y actividades relacionadas con la naturaleza.
El consejero de CC Félix Fariña ha lamentado que el Parlamento canario rechazase tomar en consideración la iniciativa legislativa promovida por el Cabildo de Tenerife, "cuyo único objetivo era que, de una vez por todas, cesen las extracciones en los barrancos".
"El pueblo lleva muchos años luchando para que el mayor delito ecológico de Canarias pare de una vez", ha asegurado el consejero, quien ha denunciado que con el rechazo del Parlamento han vuelto otra vez a "la inseguridad legislativa".
Ha opinado la euforia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, en la que se condena a Antonio Plasencia y al Ayuntamiento de Güímar a acometer las obras de restauración de la cantera de Las Rosas, se ha disuelto al ver que "nadie mueve ficha".
Se ha quejado de que el Parlamento ha llevado a Güímar "a un punto muerto", al tiempo que ha aseverado que "no va a responder a los que dicen que esto es la ley Plasencia".
Es "muy lamentable" que el Parlamento ni siquiera admita a debate la iniciativa legislativa del Cabildo, ha opinado el consejero, para quien la construcción de campos de golf y hoteles no tienen "sentido ni lógica en la parte más sombría de Güímar".