Casi doce años de sospechas, horas -muchas- de investigación y un macrojuicio de varios meses concluyeron ayer con una contundente sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en la que condena al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo (CC) a siete años de cárcel y diecisiete y medio de inhabilitación absoluta por un delito de malversación, y a otros ocho años y nueve meses de inhabilitación para ejercicio público por un delito de prevaricación.

Aunque el fallo no es firme, pues se puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo (TS), con él concluye parte de un proceso judicial que se inició en 2005 -aunque el primer antecedente es de 1957-, cuando el colectivo Ínsula Viable puso en conocimiento de los tribunales las irregularidades que había detectado en la compraventa del frente de playa de Las Teresitas.

Por resumir, y en palabras de quienes han seguido con juicio crítico el proceso, "un pelotazo de libro" que urdieron, según ha quedado demostrado ahora -por lo menos en el fallo hecho público ayer-, políticos, empresarios y funcionarios municipales.

¿Por qué? Frente a las tasaciones que realizaron y defendieron los técnicos municipales del momento, con Pía Oramas como principal exponente, que valoraban las once parcelas del frente de playa en unos 20 millones de euros, el ayuntamiento comandado por Zerolo pagó, en el año 2001, casi el triple, 52,5 millones.

No obstante, no es Zerolo el único responsable de la "trama delictiva jerarquizada" que se encargó de incrementar el valor de los terrenos, causando un grave quebranto a las arcas públicas. Tanto que "comprometió seriamente" la capacidad económica del ayuntamiento al rebajar a la mitad el remanente de tesorería para destinarse a un fin "ajeno" al interés público. El fallo contempla la misma condena para el exconcejal de Urbanismo de la capital Manuel Parejo, mano derecha del, por aquellos años, casi imbatible alcalde de Santa Cruz.

Precisamente, Parejo deberá entrar a la cárcel la próxima semana por otro delito cometido durante los años en los que tuvo responsabilidades en Urbanismo: el controvertido edificio de aparcamientos construido a la entrada de Las Teresitas, conocido popularmente como "mamotreto".

A los dos políticos condenados se suman los "cooperadores necesarios" Antonio Plasencia e Ignacio González, empresarios propietarios de Inversiones Las Teresitas (ILT), empresa que vendió al ayuntamiento los terrenos que había adquirido tres años antes con un préstamo de CajaCanarias cuestionado por el Banco de España y otorgado "en condiciones extraordinariamente llamativas".

Para Plasencia y González, también inmersos en otros procesos judiciales por asuntos relacionados con el interés público, el juez impone una pena de cinco años de cárcel y tres meses de prisión por el delito de malversación, y a una inhabilitación de veintiún años como cooperadores en los delitos de malversación y prevaricación.

Los otros dos condenados son el funcionario Juan Víctor Reyes y el exgerente de Urbanismo -ahora en el Ayuntamiento de Tegueste- José Tomás Martín. El primero deberá afrontar una pena de cuatro años y medio de cárcel y catorce de inhabilitación por malversación, y ocho de inhabilitación para cargo o empleo público por prevaricación. La del segundo es de cuatro años de prisión y doce de inhabilitación absoluta por malversación, y siete y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación.

De cualquier manera, la sentencia no solo define las condenas a los seis implicados, sino que, además, establece que deberán indemnizar al ayuntamiento con 61,6 millones de euros más intereses, además de los 52,5 millones que deberá abonar la empresa de la que son propietarios los citados Plasencia y González.

El fallo absuelve de este procedimiento, por su parte, a los exportavoces municipales de PP y PSOE, José Emilio García Gómez y Emilio Fresco, respectivamente, a los funcionarios José Luis Roca (exinterventor de Urbanismo), Antonio Messía de Yraola (exinterventor municipal) y José Eugenio de Zárate (exsecretario municipal), y a los empresarios Carlos Plasencia y Pedro González.